Recuerdan a Javier Batarrita, considerado la primera víctima del conflicto vasco

La sede del Instituto Gogora ha acogido hoy viernes un acto de memoria y homenaje a Javier Batarrita Elexpuru, "víctima de la violencia ilícita de motivación política" y reconocida como tal por el Gobierno Vasco, cuando ya habían transcurrido 51 años desde su muerte. Exciclista y director de un equipo, Batarrita era una persona conocida. Hoy su familia ha recibido el calor de las instituciones.

Los hechos tuvieron lugar el 27 de marzo de 1961, durante un control policial a la entrada de Bilbao situado para interceptar a un comando de ETA. El dispositivo incluía a inspectores del Cuerpo General de Policía, junto a guardias civiles y números de la Policía Armada, quienes se situaron frente a la gasolinera de la cuesta de Miraflores, en Bolueta, a la entrada de la Villa.

Tras detener a un Peugeot 403 de color claro y matrícula francesa, y abrir sus puertas, los agentes dispararon contra sus ocupantes y huyeron del lugar. Batarrita murió en el lugar, y el entonces gobernador civil de Bizkaia, Antonio Ibañez Freirre, informó de que su coche había sido confundido con el de unos "terroristas". En el juicio posterior, los policías y guardias civiles procesados fueron absueltos.

Durante el acto de homenaje, el viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Gobierno Vasco, José Antonio Rodríguez Ranz, ha afirmado que "el deber moral, político y social exigible al Estado, responsable de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, debe conllevar una necesaria asunción de responsabilidades" respecto de sus actuaciones. Ha señalado que la muerte de Batarrita fue "un hecho acaecido en la dictadura franquista que el Estado de Derecho no rectificó".

También ha tomado la palabra Javier Batarrita Gaztelu, hijo de la víctima, quien ha intervenido para afirmar que la muerte de su padre, "provocada por el franquismo, significó el inicio de lo que estaba de alguna manera por llegar luego".

El hijo del homenajeado ha añadido que 60 años después, "mucho ha cambiado pero el peligro sigue latente porque la violencia policial supone la institucionalización de un comportamiento que en lugar de paz social, agrede al ciudadano corriente, justificando el uso alternativo de otras violencias por gobernantes que se deben a quienes gobiernan".