El abogado de Garzón pide al Supremo que anule la causa

El abogado de Baltasar Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, ha pedido hoy al Tribunal Supremo que anule todas las actuaciones que han llevado al juez al banquillo por querer investigar los crímenes del franquismo, porque han vulnerado la legalidad y porque la acusación popular carece de legitimidad.

En su exposición durante la primera sesión del juicio a Garzón por un delito de prevaricación, por el que la acusación ejercida por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad piden 20 años de inhabilitación, Martínez-Fresneda ha denunciado las "irregularidades" cometidas durante la instrucción que, a su juicio, han tenido un efecto "devastador" para el juez.

Asimismo, ha reclamado al tribunal que declare la falta de legitimidad de Manos Limpias para acusar a Garzón amparándose en la llamada "doctrina Botín" del alto tribunal, que establece que no se podrá abrir juicio oral si la única acusación es la popular, como en este caso, y no acusa la particular ni la Fiscalía.

Respecto a la instrucción, ha considerado que el magistrado del TS Luciano Varela, instructor de la causa abierta tras la querella inicial de Manos Limpias, "vulneró normas esenciales del procedimiento, tomó partido y perdió su imparcialidad".

Martínez-Fresneda ha recordado cómo Varela optó por dar una "segunda oportunidad" a las acusaciones al encontrar defectos en sus escritos de acusación y cómo, en el caso de Manos Limpias, llegó a sugerir la forma en la que debía corregir esos errores, al explicar al sindicato que debía precisar la calificación del delito de prevaricación incluyendo el término "a sabiendas".

El letrado ha pedido además a la sala que, si no anula la causa, acepte escuchar como testigos a varios juristas españoles y extranjeros -cuyo testimonio ha sido rechazado por el Tribunal Supremo- que defienden las mismas tesis que Garzón para que valore "si sus opiniones son razonadas o son pamemas".

Por su parte, el abogado de Manos Limpias, Joaquín Ruiz Infante, se ha puesto a las peticiones de la defensa y ha defendido la legitimidad de la acción popular para acusar cuando se perjudiquen intereses generales.

Apoyo a Garzón

En el exterior del Tribunal, varias decenas de personas se han concentrado en apoyo al juez. "Verdad, justicia, reparación. Ni olvido ni perdón", "Tenemos memoria, queremos justicia", "Heridas abiertas, fosas cerradas", "Hay que juzgar al franquismo criminal", "Garzón, amigo, el pueblo está contigo" o "Tribunal Supremo, suprema impunidad", son algunos de los gritos que están coreando los concentrados, entre quienes se encuentra el coordinador general de IU, Cayo Lara.

Los partidarios de Garzón también han dedicando calificativos de "fascistas y terroristas" a Manos Limpias, el sindicato dirigido por el exresponsable de la formación ultraderechista Fuerza Nueva Miguel Bernad que ejerce la acusación contra el juez.

Además del apoyo de estas personas, Garzón tiene el respaldo de varios de sus compañeros de la Audiencia Nacional, entre ellos los jueces Fernando Andreu, Santiago Pedraz y José Ricardo de Prada Solaesa y la fiscal Dolores Delgado, que ya le estuvieron acompañando en el Tribunal Supremo la semana pasada, cuando fue juzgado por ordenar las escuchas del "caso Gürtel".

Representantes de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch asisten al juicio como "observadores" al juicio porque creen que la decisión del Supremo incidirá sobre otros procesos relacionados con la persecución de delitos de jurisdicción universal, en la que España fue pionera gracias a Garzón.

La Fiscalía no acusa

El magistrado, que la semana pasada fue juzgado en el Supremo por ordenar las escuchas en prisión a abogados del "caso Gürtel", tiene ahora que enfrentarse a una petición de 20 años de inhabilitación que plantea la acusación popular, que ejercen conjuntamente el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad. La Fiscalía no presente acusación, como en todas las causas abiertas contra Garzón.

No está previsto que Garzón declare hasta el próximo día 31, tras lo que se han reservado los días 1,2,6,7,8, y 9 de febrero para la declaración de la veintena de testigos propuestos por la defensa, la mayoría de ellos representantes de asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica.