Política -
Comunicado
Garzón recurrirá la sentencia en el Constitucional o en Estrasburgo
El juez Baltasar Garzón ha enviado un comunicado para mostrar su rechazo a la sentencia del Supremo, que le condena a 11 años de inhabilitación, y ha anunciado que la recurrirá.
Redacción
El juez Baltasar Garzón recurrirá la sentencia del Supremo, que le condena a 11 años de inhabilitación, y ese recurso será presentado ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal de Estrasburgo, ha precisado su abogado.
El juez, condenado este jueves por el Tribunal Supremo a once años de inhabilitación por intervenir las conversaciones de varios de los imputados en el "caso Gürtel" y sus abogados, ha rechazado "frontalmente" la sentencia y ha anunciado que la recurrirá.
En una nota remitida a los medios de comunicación, Garzón asegura que la sentencia no está sustentada en pruebas ni razones jurídicas y que "elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España".
Tras denunciar que se le ha impedido aportar las pruebas que lo demostraban y que el Supremo ha prescindido de la implicación y participación de los abogados en la trama "Gürtel", Garzón anuncia que acudirá a las vías legales que correspondan "para combatir" la sentencia y que ejercerá todas las acciones pertinentes "para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores" de la misma han cometido.
Apoyo a Garzón en la calle
Varios centenares de manifestantes se concentraron ayer por la tarde en la madrileña Puerta del Sol para expresar su "indignación" y "vergüenza" por la inhabilitación del juez Baltasar Garzón, y para mostrar públicamente su solidaridad con el magistrado.
11 años de inhabilitaciónEl fallo ha sido comunicado personalmente al aún titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que se desplazó a la sede del Tribunal Supremo. Tras conocer la sentencia, un poco antes de las dos de la tarde, Garzón abandonó con semblante serio el alto tribunal sin realizar declaraciones.
Se trata de la primera causa por la que el juez de la Audiencia Nacional se sentó en el banquillo de los acusados por cometer un supuesto delito de prevaricación y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.
Durante el juicio, celebrado desde el 17 al 19 de enero, el juez declaró su inocencia, aseguró que en todo momento garantizó el derecho de defensa de los investigados y dijo asumir "todas y cada una de las decisiones, que fueron tomadas reflexivamente y en cumplimiento de la más estricta legalidad".
Las claves de la sentencia
El TS sostiene que Garzón, al ordenar la grabación de las conversaciones que el cabecilla de la trama "Gürtel", Francisco Correa, y su número dos, Pablo Crespo, mantuvieron con sus abogados en la cárcel de Soto del Real, adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados en prisión "sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable".
"La Justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia", afirma la sentencia, que también señala que Garzón admitió "prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios, en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado".
Este no es el único reproche que el Supremo realiza al magistrado a lo largo de los 68 folios que tiene la sentencia, ya que insiste en valorar su actuación como una vulneración de los derechos fundamentales porque "la investigación criminal no justifica por sí misma cualquier clase de actuación" y "la verdad no puede alcanzarse a cualquier precio".
Otras causas contra Garzón
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, suspendido cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010, tiene abiertos otros procedimientos en su contra. De un lado, la causa abierta por una presunta prevaricación cometida al investigar los crímenes del franquismo sin competencias y, de otro, el proceso por unos cobros que habría podido recibir del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.