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16/09/2021

16:30

Política

Presos de ETA

La Audiencia Nacional rechaza prohibir la manifestación de Arrasate

Eitb Media

El juez José Luis Calama aclara que el derecho a manifestación no puede limitarse actuando "con carácter preventivo basándose en meras hipótesis sobre la futura e incierta comisión de delitos".

  • Imagen de una manifestación de Sare en agosto.

    Imagen de una manifestación de Sare en agosto. Foto: EFE

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado prohibir la marcha organizada por Sare el próximo sábado en el municipio de Arrasate-Mondragón para denunciar la situación del preso de ETA Unai Parot, al considerar que no existen en este momento datos para determinar si podría darse un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Según aseguran los organizadores, la marcha pretende denunciar legislaciones excepcionales que como la Ley 7/2013 posibilita cadenas perpetuas encubiertas para un número importante de presos vascos, entre los que se encuentra Henri Parot Unai.  Asociaciones de Víctimas de ETA y algunos partidos políticos han interpretado la marcha como un homenaje a Parot y han pedido desautorizar la marcha. 

El titular del juzgado central de instrucción número 4 sigue así el criterio de la Fiscalía, si bien ha solicitado a las Fuerzas de Seguridad que hagan un seguimiento de la marcha y adopten las medidas necesarias para evitar actos de enaltecimiento del terrorismo de ETA o de humillación a sus víctimas.

El principal argumento, tanto del juez como de la Fiscalía, es que no existen por el momento elementos que permitan determinar si los hechos podrían llegar a constituir hipotéticamente ningún delito, y el derecho penal solo puede perseguir y castigar delitos que ya se han producido.

"Es decir, no puede actuarse el derecho penal con carácter preventivo pues tal proceder implica asociar consecuencias jurídicas limitativas de derechos o imponer directa o indirectamente sanciones sobre la base de meras hipótesis sobre la futura e incierta comisión de delitos", señala el juez.

Calama precisa que es "a la autoridad gubernativa a quien corresponde velar por el cumplimiento de los requisitos constitucionales en el ejercicio del derecho de reunión y de manifestación", y que sus decisiones pueden ser recurridas ante la Justicia.

Para tomar la decisión, el juez ha tenido en cuenta el informe de la Fiscalía, en el que explica que el enunciado de la marcha es "genérico y sin alusión concreta y objetiva y, menos aun vejatoria, a ninguna de las víctimas" de Parot y que "su finalidad, según refieren, es la consecución de la paz, la concordia y la reconciliación".

Según explica el ministerio público en una nota de prensa, el acto consiste en una marcha solidaria de 31 kilómetros, "en recuerdo de los 31 años" que Parot "lleva encarcelado", y está concebido como "un acto organizado con fines estrictamente políticos", sin que se infiera que la intención es convertirlo "en un acto que humille a alguna de las víctimas" del condenado. 

La Fundación Villacisneros solicitó que se impidiese la marcha, que ha sido criticada tanto por partidos políticos como por las víctimas. Es más, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha organizado para el sábado y en diversas ciudades, una serie de homenajes a las víctimas de atentados perpetrados por Parot. Asímismo, la Delegación del Gobierno español en Euskadi y el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo homenajearán el viernes a las víctimas de Parot, en la que participarán, además del delegado del Gobierno Denis Itxaso, y del director del Memorial, Florencio Domínguez, la consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, así como la directora general de Apoyo a las Víctimas del Ministerio de Interior, Monserrat Torija.

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