El Gobierno reclamará daños económicos por los contratos de Justicia

El Gobierno Vasco se personará como acusación particular en el caso sobre el presunto fraude descubierto en contratos de informática del Departamento de Justicia entre los años 2000 y 2009 para reclamar por el perjuicio que sufrió por el incumplimiento de esos contratos.

La consejera de Justicia del Ejecutivo, Idoia Mendia, y la viceconsejera de Justicia, Victoria Cinto, han comparecido hoy ante la comisión correspondiente del Parlamento Vasco para informar de este caso.

El pasado 9 de febrero la propia Mendia desveló que el Departamento de Justicia, dirigido entre los años 2001 y 2009 por Joseba Azkarraga (EA), habría pagado 23 millones de euros por una quincena de contratos sobre mejoras informáticas en la Administración de Justicia que no se habían ejecutado.

El resultado de la investigación dirigida por Cinto ha sido puesto en conocimiento del fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, que hoy ha anunciado la apertura de nuevas investigaciones.

Cinto ha explicado que si finalmente se abre un procedimiento penal por lo sucedido, propondrá a la consejera que el Gobierno Vasco se persone como acusación particular para reclamar compensaciones por daños.

En el caso de que finalmente no se abra un procedimiento penal, porque la Fiscalía no vea indicios de delito, el Gobierno tiene previsto reclamar por otras vías, según ha reconocido la propia consejera.

Mendia y Cinto han explicado de forma pormenorizada el transcurso de los expedientes presuntamente irregulares y ha defendido la actuación "impecable" del Gobierno que, ha dicho, ha procedido con "prudencia y mesura".

Mendia ha dicho que al Gobierno Vasco le ha parecido "mucho más prudente" acudir a la Fiscalía, porque no quería calificar los hechos ni acusar a nadie, algo que sí tendría que haber hecho si hubiera presentado una denuncia en un juzgado.

La consejera ha reiterado que el Gobierno ha comunicado a la Fiscalía una serie de contratos por trabajos pagados y no realizados y por aplicaciones informáticas pagadas dos veces, entre otras irregularidades.