Los altos cargos no aceptarán regalos más allá de la 'cortesía'

Los altos cargos a los que se aplicará la futura Ley de Transparencia no podrán aceptar regalos "que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones"

Además, si cometen infracciones en la gestión económico-presupuestaria, deberán restituir "las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente" e indemnizar a la Hacienda Pública.

Además de principios éticos, el anteproyecto detalla infracciones como malversación de fondos públicos, adquirir compromisos de gasto o pagos "sin crédito suficiente para realizarlos", o la ausencia de justificación de las subvenciones según la ley, entre otras.

Esta Ley de Transparencia que prepara el Gobierno también prevé considerar como infracción disciplinaria muy grave que un cargo público incumpla la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga. Además, se expondrán a sanción si obstaculizan el ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales o si protagonizan actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.

Las sanciones previstas ante estas actitudes van desde la declaración del incumplimiento y su publicación en el Boletín Oficial del Estado hasta la destitución del cargo, la no percepción de la pensión indemnizatoria por cargo público y la inhabilitación para un periodo de entre cinco y diez años.

Las normas recogidas en este texto se aplicarán a los miembros del Gobierno, los secretarios de Estado y el resto de altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, así como a los altos cargos o asimilados autonómicos o pertenecientes a las corporaciones locales. El anteproyecto de Ley de Transparencia elaborado por el Gobierno es ya de acceso al público a través de la web leydetransparencia.gob.es. El Ejecutivo someterá durante 15 días la iniciativa a las aportaciones de los ciudadanos y aprobará después el proyecto de ley para su debate en las Cortes.