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VIVIENDA

El Gobierno Vasco identifica 32 nuevos municipios susceptibles de ser zonas tensionadas

El Departamento de Vivienda ha actualizado el listado de municipios vascos que podrían ser declarados zonas tensionadas, según los criterios de la Ley estatal de Vivienda, e impulsa una nueva campaña informativa y web para orientar a la ciudadanía sobre sus derechos y obligaciones en estas áreas.

Vivienda en Bilbao. Foto de archivo: EFE.
Vivienda en Bilbao
El Gobierno Vasco identifica 32 nuevos municipios susceptibles de ser zonas tensionadas

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N. B. | EITB MEDIA

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Euskaraz irakurri: Eremu tentsionatuak izan daitezkeen 32 udalerri gehiago identifikatu ditu Eusko Jaurlaritzak

El Gobierno Vasco ha presentado este lunes la actualización del listado de municipios susceptibles de ser declarados zonas tensionadas en materia de vivienda, conforme a la Ley estatal 12/2023 del Derecho a la Vivienda. El informe, elaborado por el Observatorio Vasco de la Vivienda, señala que 32 municipios cumplen al menos uno de los tres criterios establecidos (incremento de precios, esfuerzo económico excesivo o tensión en compraventa), afectando a más de 1,48 millones de personas, el 67,3 % de la población de Euskadi.

Por territorios, municipios como San Sebastián, Bilbao, Barakaldo, Vitoria-Gasteiz, Zarautz, Portugalete o Irun figuran entre los ya declarados o en proceso. Se incorporan nuevos municipios como Derio, Lekeitio, Ermua, Sopela, Oñati o Hondarribia, mientras que otros, como Etxebarri, Gernika-Lumo, Andoain o Beasain, dejarán de estar considerados como tensionados.

Concretamente, este nuevo informe, indica que, en Álava, la localidad de Alegria-Dulantzi saldría de una situación de tensionamiento residencial.

En Bizkaia, el municipio de Bermeo pasaría de ser tensionado parcialmente a su totalidad, y se incorporan al listado de municipios que podrían ser declarados zona tensionada: Derio, Gorliz, Elorrio, Lekeitio, Ermua y Sopela. Sin embargo, y según este nuevo informe del Observatorio Vasco de la Vivienda, Etxebarri, Ortuella, Gernika-Lumo y Valle de Trapagarán dejarían de estar en una situación de tensionamiento del alquiler residencial.

Por último, en Gipuzkoa también se han identificado cambios. Zarautz pasa de ser tensionado parcialmente para serlo en su totalidad y, además, se incorporan ocho nuevos municipios tensionables: Bergara, Legazpi, Deba, Oiartzun, Getaria, Oñati, Hondarribia y Orio. No obstante, otras seis localidades perderían esta calificación: Andoain, Ordizia, Beasain, Urnieta, Lazkao y Zestoa.

Durante la presentación, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha destacado el modelo vasco como un enfoque pactado con los ayuntamientos, alejándose de modelos impositivos. Según ha explicado, la declaración de zona tensionada dependerá de un plan trianual municipal orientado a aumentar la vivienda protegida, con la colaboración del Gobierno Vasco. Para ello, se exige a los ayuntamientos medidas como la identificación de suelos, la reforma de ordenanzas y estrategias frente a la vivienda vacía.

Itxaso ha subrayado que esta vía evita litigios y refuerza la seguridad jurídica, fomentando una política de vivienda "cooperativa y eficaz". Además, ha anunciado que el Ejecutivo vasco está trabajando en reformas legales para que programas como Gaztelagun o Bizigune, así como la regulación de las viviendas de uso turístico, estén vinculados a estas zonas. También ha destacado que la figura de zona tensionada ya ha sido integrada como criterio fiscal para incentivar el alquiler.

La presentación ha incluido también el lanzamiento del portal web eremutentsionatua.euskadi.eus, una herramienta digital que ofrece información actualizada, mapas interactivos y guías prácticas sobre las zonas tensionadas. Esta plataforma permite a la ciudadanía consultar qué municipios están afectados, los planes de acción asociados y el impacto de esta figura tanto para inquilinos como para propietarios.

El sitio web, disponible en euskera y castellano, forma parte de la campaña informativa lanzada por el Departamento de Vivienda para acercar las políticas públicas de vivienda a la ciudadanía y fomentar un acceso más equitativo a un derecho fundamental como el de disponer de una vivienda digna y asequible.

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