La policía podría ‘hackear’ equipos informáticos para investigaciones

El departamento dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón ha encargado a una comisión de expertos un borrador de anteproyecto de Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia. El texto permite a los jueces autorizar a la policía que instalen troyanos en los equipos informáticos de los investigados para obtener toda la información que éstos guardan, según ha publicado el diario El País.

El borrador recoge la posibilidad de que un juez permita el acceso a todo tipo de equipos informáticos (desde ordenadores y tabletas, hasta tarjetas de memoria o discos duros portátiles) para aquellos sospechosos que hayan incurrido en delitos con penas máximas que superen los tres años de cárcel, para el cibercrimen, para el crimen organizado y para el terrorismo.

El artículo 350 del borrador recoge la posibilidad de que el Tribunal de Garantías autorice "la utilización de datos de identificación y códigos, así como la instalación de un software, que permitan, de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin conocimiento del titular o usuario del contenido de un ordenador". En resumen, da la posibilidad de que instalen un troyano o un programa malicioso en un ordenador para poder controlar todo su contenido de forma remota sin que el propietario lo sepa.

Con la instalación de ese programa, la policía no solo podrá acceder a la información que se almacena en el disco duro del equipo informático, sino que también tendrá acceso a las contraseñas que se guardan en la memoria. Así, la policía podrá entrar en todas las cuentas de correo electrónico y a todas las redes sociales que pueda usar el investigado.

El Ministerio todavía no sabe si aceptará la propuesta, pero, si la utilización de troyanos que propone dicho borrador de anteproyecto se aprueba, España será el segundo país europeo en regularlo tras Alemania. Allí, sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la norma al considerarla contraria "al derecho fundamental a la garantía de confidencialidad e integridad de los equipos informáticos". En esa sentencia, se establecieron unos límites muy estrictos para futuras regularizaciones de este tipo. Así, finalmente el Gobierno Federal aprobó una nueva ley que sólo autoriza el uso de este tipo de software para casos de terrorismo.