Fernández denuncia que se le acusa por motivación política

El empresario Jabyer Fernández ha negado que causara deliberadamente la quiebra de Iurbenor y que defraudara a Hacienda 43 millones de euros ya que, según ha dicho, solo trató de sacar adelante su grupo empresarial, mientras la Diputación Foral "se ha cebado para reventarlo" por una "motivación política".

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios, después de que el juicio contra él y contra su hermana Susana en la Audiencia de Bizkaia, quedara visto para sentencia. Las defensas han pedido la libre absolución de sus patrocinado. El fiscal mantiene la petición de un total de 10 años de cárcel para él y para su hermana.

Jabyer Fernández ha recordado que pidió ayuda al entonces presidente del PNV y actual lehendakari, Iñigo Urkullu, así como a otros dirigentes de ese partido y representantes instituciones "para salvar sus más de 100 sociedades, que daban trabajo a más de 3.000 personas" y que confió en que por su relación personal le dieran un aplazamiento del pago a Hacienda.

Esta mañana, el portavoz de la Diputación de Bizkaia, Unai Rementeria, ha asegurado que el Ejecutivo foral se personó en este caso en "defensa del interés general", ya que "presuntamente se han defraudado 49 millones de euros de los vizcaínos".

Motivación política

La defensa ha denunciado que "la presión política ha conseguido el desplome de ese grupo de empresas que generaban riqueza al territorio" y ha asegurado que se niega el aplazamiento "por una motivación política, no técnica".

En concreto, Fernández presentó como evidencia de que confiaba en lograr más tiempo para pagar el IVA, una carta en la que Urkullu le aseguraba que se lo iba a poder conceder. El letrado ha opinado que los reproches penales contra su cliente han quedado insuficientemente probados y que la actuación de la Diputación Foral como acusación "ha sido errática, confusa y ha bordeado la legalidad en este proceso".

El fiscal ha mantenido que los actos de ambos acusados desde la venta de los terrenos del fallido proyecto de Puerta Bizkaia de Barakaldo, estuvieron encaminados a vaciar las cuentas de Iurbenor y eso le lleva a entrar en concurso de acreedores. Ha rechazado que, como dijo Fernández ante el tribunal, usara ese dinero de la venta de los terrenos para ayudar a la maltrecha situación financiera de otras de las empresas de su grupo, ya que Iurbenor ni siquiera pertenecía al mismo grupo empresarial.

Además, cuando Iurbenor compra acciones del proyecto Habidite que se iba a instalar en Alonsótegi con la ayuda de la Diputación Foral, Fernández ya "es consciente" de que ese proyecto "está estancado", porque la institución no estaba cumpliendo los acuerdos que había rubricado para su puesta en marcha. Con todo ello, Jabyer como acusado principal y Susana como cooperadora, agravaron la situación de insolvencia de Iurbenor, ha concluido.

Las acusaciones particulares en representación de la Diputación Foral y de los accionistas de la constructora, han rechazado que toda la responsabilidad que se le imputa a Fernández recaiga en su asesor y hombre de confianza en esas fechas, el abogado y ex presidente del Athletic Fernando García Macua, como sostiene la defensa.