La OMS pide medidas más estrictas respecto al cigarrillo electrónico

La Organización Mundial de la Salud ha emitido este martes el informe sobre el uso y regulación de los cigarrillos electrónicos, donde pide a los países miembros mayores medidas regulatorias sobre estos dispositivos y los líquidos que los rellenan, así como prohibir su uso en establecimientos cerrados y un mayor control de la publicidad y la venta a menores.

El informe, que será debatido por los Estados miembros en una reunión en octubre, muestra su preocupación por la concentración del mercado de miles de millones de dólares en manos de las empresas tabacaleras internacionales.

Por este motivo, la OMS desarrolla una serie de "opciones regulatorias", que incluyen la prohibición de los responsables del 'e-cigarret' a publicitar sus productos usando reclamos como que el uso de estos dispositivos pueden ayudar a la gente a dejar de fumar; al menos hasta que proporcionen "una evidencia convincente y científica" que apoye esa teoría, y obtengan la reglamentación necesaria.

Asimismo, recomienda que se prohíba su uso en espacios públicos cerrados por riesgo para la salud del 'vapor de segunda mano'; y pide a los países que han ratificado el Pacto Anti-Tabaco, realizado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), a considerar los límites en la publicidad, promoción y patrocinio de cigarrillos electrónicos que puedan ser eficaces para evitar su uso.

Por otro lado, solicita a los minoristas que no vendan estos dispositivos a menores y que se limite o prohíba la exposición visual de las máquinas expendedoras; y, finalmente, pide una regulación de los líquidos que se usan para "minimizar el contenido y las emisiones de sustancias tóxicas", además de que se prohíban soluciones con sabores como el caramelo, frutas o bebidas alcohólicas.

El pasado año la OMS desaconsejaba ya su uso, al menos, hasta que algún organismo regulador competente comprobara su efectividad, seguridad y calidad. Así lo señalaba en un documento publicado con recomendaciones a los Estados miembros, donde pedía además que informaran "encarecidamente" a los consumidores de que no se ha probado su utilidad científicamente y, en consecuencia, que no se usasen.