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Juristas denuncian que la devolución 'en caliente' es ilegal

Se trata del estudio ‘Rechazos en frontera: ¿frontera sin derechos?’, en el que participan varias universidades y cuya gestión corresponde a la Complutense de Madrid.

Inmigrantes en la valla de Melilla. Imagen de archivo: EFE
Inmigrantes en la valla de Melilla. Imagen de archivo: EFE
Inmigrantes en la valla de Melilla. Imagen de archivo: EFE

Agencias | Redacción

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El rechazo en frontera de inmigrantes interceptados en la zona de "intervallado" o en cualquiera de las vallas como las existentes en Ceuta y Melilla es "radicalmente ilegal", según un informe de 14 catedráticos y expertos de diversas disciplinas jurídicas de distintas universidades.

Se trata del estudio ‘Rechazos en frontera: ¿frontera sin derechos?’, promovido por el proyecto I+D+i Iusmigrante, en el que participan varias universidades y cuya gestión corresponde a la Complutense de Madrid, que analiza la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería introducida mediante reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana el mes pasado.

El informe analiza la nueva figura del "rechazo en frontera" y pone de manifiesto que las "entregas sumarias, también conocidas como devoluciones o expulsiones en caliente a las autoridades marroquíes de ciudadanos extranjeros interceptados en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla no encuentran cobertura legal en esta nueva regulación".

Polémica tramitación de la reforma

El estudio incide en la "polémica manera" en la que ha sido tramitada esta reforma, las "dificultades técnicas" que plantea la determinación del ámbito de aplicación de la figura del "rechazo en frontera" y los derechos y garantías que "irrenunciablemente" deben respetarse en el procedimiento a la luz de las normativas constitucional y comunitaria y los derechos humanos.

Otra conclusión es que "la situación geográfica y la singularidad de Ceuta y Melilla nunca podrán servir para justificar que son territorios en los que se pueda hacer excepción del Estado de derecho".

La investigadora principal del informe es la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid Margarita Martínez Escamilla.

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