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Incineradora de Zubieta

GHK exigirá 41 millones a los gestores de Bildu que pararon la incineradora

El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa interpondrá una demanda por "desvío de poder" contra sus anteriores gestores Iñaki Errazkin y Ainhoa Intxaurrandieta, de Bildu.

Construcción de la incineradora de Zubieta. Imagen de archivo: EFE
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Construcción de la incineradora de Zubieta. Imagen de archivo: EFE

Agencias | Redacción

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Euskaraz irakurri: GHK-k 41 milioi eskatuko dizkie erraustegia geldiarazi zuten Bilduko kideei

El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) interpondrá una demanda por "desvío de poder" contra sus anteriores gestores Iñaki Errazkin y Ainhoa Intxaurrandieta, de Bildu, en la que les exigirá que devuelvan casi 41 millones de euros por los daños derivados de paralizar el anterior proyecto de la incineradora.

El diputado foral de Medio Ambiente y presidente del Consorcio, José Ignacio Asensio, ha confirmado este lunes, en una rueda de prensa en Donostia-San Sebastián, que la asamblea general de GHK, la sociedad instrumental de la entidad, ha aprobado en su reunión de esta mañana su propuesta de presentar dicha demanda ante el Tribunal de Cuentas del Estado.

La iniciativa judicial ha salido adelante con el voto favorable del 72,5% de la asamblea, correspondiente a los representantes del PNV y el PSE-EE, y el 6,7% en contra, de miembros de las mancomunidades de Tolosaldea y Urola Erdia, que controla EH Bildu, mientras que el resto ha correspondido a ausencias.

Los excargos de Bildu en los que se personaliza la demanda son Iñaki Errazkin, que en la anterior legislatura fue diputado foral de Medio Ambiente de Gipuzkoa y miembro del consejo de administración de GHK, y Ainhoa Intxaurrandieta, que presidió la entidad encargada de gestionar los residuos urbanos del territorio.

Asensio ha explicado que la denuncia se dirige contra ellos por "su especial responsabilidad" en la decisión de rescindir, en 2013, el primer contrato de adjudicación de la incineradora de Zubieta, Errazkin principalmente por "desoír los mandatos" de las Juntas Generales e Intxaurrandieta por "instar al acuerdo" en el seno del consorcio con informes jurídicos en su contra.

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