El imputado en el caso Urbancasa dice que habría devuelto el dinero

Los dos responsables de la inmobiliaria Urbancasa, María Victoria Ferrer y Ángel María Crespo, son juzgados desde este lunes en Donostia-San Sebastián por vender viviendas que no tenían intención de edificar y parcelas que no eran de su propiedad a un total de 44 compradores, a los que presuntamente estafaron alrededor de 1,17 millones de euros.

Ángel Crespo ha exculpado hoy a su esposa de esta presunta estafa inmobiliaria y ha sugerido que, de no haber sido detenido, habría hecho frente a las devoluciones que le exigían los perjudicados.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la pareja actuó con "la única intención de lucrarse ilícitamente" con las cantidades recibidas, ya que nunca llegaron a comprar las parcelas, "carecían de licencia" y "no tenían intención de devolver el dinero en caso de rescisión" del contrato.

Cuando algunos de los estafados reclamaron a la pareja que les devolvieran las cantidades defraudadas, los responsables de Urbancasa eludieron hacerlo proponiéndoles aumentar sus aportaciones para la compra de otras viviendas que tampoco fueron edificadas.

La Fiscalía de Guipuzkoa considera estos hechos constitutivos de un delito de estafa continuada por el que reclama siete años y nueve meses de reclusión para los procesados y que sean inhabilitados para su profesión, así como una multa de 5.400 euros.

En total, les imputan 27 operaciones fraudulentas cometidas en Urnieta (Gipuzkoa) y en las localidades navarras de Ablitas, Murchante, Lesaka, Valtierra, Lekunberri, Dicastillo y Tulebras.

Los dos procesados, que llevan encarcelados tres años a la espera de juicio, permanecieron en paradero desconocido tras descubrirse la estafa hasta que, el 23 de octubre de 2007, fueron detenidos en un control de alcoholemia en la localidad tarraconense de L''Aldea.

Está previsto que la vista se prolongue durante casi dos semanas debido al gran número de afectados y testigos citados a declarar.