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EUTANASIA

Libertad sin medidas cautelares para el hombre que ayudó a morir a su esposa enferma

Ángel Hernández deberá acudir al juzgado cuando sea requerido en el transcurso de la investigación judicial. Ante el juez ha reconocido haber ayudado a su mujer María José Carrasco a morir.

Angel Hernández. Imagen obtenida de un vídeo de ETB
Angel Hernández
'A mí no me llegó la eutanasia, que sea por los demás'

3:02

AGENCIAS | REDACCIÓN

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Euskaraz irakurri: Kautelazko neurririk gabe aske utzi dute emazte eriari hiltzen lagundu dion gizona

Ángel Hernández, el hombre de 70 años detenido por ayudar a morir a su esposa María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple, quedó ayer, jueves, en libertad sin medidas cautelares tras declarar anoche ante el juez de guardia.

El fiscal decidió no pedir ninguna medida cautelar para el hombre que está siendo investigado por un delito de cooperación al suicidio, por lo que el juez lo dejó en libertad.

Durante la comparecencia ante el juez, reconoció haber ayudado a su mujer a morir.

Ángel Hernández tiene la obligación de acudir al juzgado tantas veces cuanto sea requerido en el transcurso de la investigación judicial, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un comunicado.

Hernández fue detenido el miércoles por la tarde en el domicilio en el que el matrimonio residía, situado en Madrid.

Al lugar acudieron, poco antes de las 15:00 horas, los sanitarios del Summa, que confirmaron el fallecimiento y alertaron a la Policía de que el marido le había suministrado una sustancia para provocar la muerte a su mujer, que se encontraba en fase terminal.

El matrimonio quiso grabar en vídeo el suicidio asistido de María José Carrasco, quien constata en la cinta su firme decisión de morir.

Además del vídeo, Ángel Hernández escribió hace días una carta en la que relataba el sufrimiento de su esposa y anunciaba la decisión de ayudarla a morir.

El Código Penal regula en su artículo 143 la inducción al suicidio o la cooperación con el suicidio de otras personas, con un rango de penas que va de los dos a los diez años de prisión, aunque se prevé una rebaja si hay petición expresa de la víctima y ésta padece una enfermedad grave.

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