En libertad provisional cinco de los seis investigados por la muerte de Santi Coca

El Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián ha ordenado la puesta en libertad provisional de cinco de los seis jóvenes que permanecían en prisión, investigados por la muerte de Santi Coca, el menor donostiarra que falleció tras una pelea en San Sebastián, han informado fuentes del caso.

El juez instructor ha adoptado esta decisión después de que el pasado 5 de febrero el informe de la autopsia elaborada por el Instituto Vasco de Medicina Legal desvelara que los traumatismos que sufrió el joven fueron "de escasa entidad", sin resultar concluyente sobre las razones de la hemorragia cerebral que acabó con su vida y sin decantarse entre una causa "homicida" o "natural".

Santiago Coca falleció tras permanecer dos días en coma en el hospital, después de sufrir una agresión la madrugada del pasado 26 de abril por parte de un grupo de personas en el exterior de una céntrica discoteca donostiarra, en una zona comprendida entre el Ayuntamiento de San Sebastián y el Real Club Náutico, al inicio del Paseo de la Concha.

En este lugar, se produjo una reyerta en la que el menor fallecido, que residía entre la capital guipuzcoana y Reocín (Cantabria), resultó gravemente herido.

Equipos sanitarios desplazados al lugar le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar tras lo cual fue trasladado en estado de extrema gravedad al Hospital Donostia, donde falleció dos días después.

La Ertzaintza detuvo a siete jóvenes por su presunta relación con estos hechos, si bien el Juzgado de Guardia sólo ordenó prisión provisional para seis de ellos, quienes se encontraban encarcelados desde el 29 de abril.

Tras conocerse los resultados definitivos de la autopsia, las defensas de estos jóvenes solicitaron la puesta en libertad de sus clientes que, según han confirmado las citadas fuentes, ha sido admitida para cinco de ellos, sin oposición por parte de la Fiscalía, con la única excepción del ciudadano de origen argelino, quien permanecerá encarcelado.

No obstante, el juzgado del caso impone a los cinco distintas medidas cautelares para evitar su huida, como la retirada del pasaporte, la prohibición de viajar al extranjero y la obligación de comparecer cada 15 días en sede judicial.