Seis personas formarán la Comisión de "control" de la policía en Euskadi

El Consejo de Seguridad Pública de Euskadi ha designado a las seis personas que integrarán la "Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco", encargada de estudiar, tanto de oficio como a instancia de parte, cualquier conducta o práctica en el seno de la Ertzaintza o Policía Local que apunte a una posible vulneración de derechos.

El magistrado emérito del Tribunal Supremo Joaquín Giménez García, los abogados Javier Hernaez Manrique y Miren Ortubay Fuentes, la doctora en Psicología e investigadora del Instituto Vasco de Criminología Estefanía Ocariz, José Antonio Nieto Antón y Ricardo Egiguren Mendieta son las seis personas propuestas por el Consejo de Seguridad Pública de Euskadi.

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, presidió este miércoles en Erandio (Bizkaia) la reunión de este Consejo.

En él, según ha informado el Gobierno Vasco, están representadas todas las entidades competentes o involucradas en el sistema de seguridad pública de Euskadi: Gobierno Vasco, diputaciones forales, EUDEL, Delegación del Gobierno central, Consejo Vasco de la Abogacía, Consejo General del Poder Judicial, TSJPV y Fiscalía General del País Vasco.

El Consejo ha dado su visto bueno y ha propuesto al Consejo de Gobierno el nombramiento de esas seis personas para que integren la "Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco", un órgano colegiado con autonomía funcional respecto a la institución policial y al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Amparada en la ley de Policía de Euskadi, esta Comisión responde al "compromiso" del Gobierno Vasco de "reforzar la legitimidad y confianza de la ciudadanía en la neutralidad y objetividad de los controles sobre la actividad policial", según el Ejecutivo.

Esta Comisión "analizará siempre aquellos incidentes en los que, en el contexto de una intervención u operativo policial o durante la custodia policial, se hubiera producido el fallecimiento o lesiones graves de una persona".

Además, "podrá recomendar buenas prácticas, identificar patrones de conducta o prácticas recurrentes que no resulten acordes con el código deontológico policial".

La Comisión contará con una presidencia y cinco vocalías. Entre los seis integrantes elegirán a su presidente. El nombramiento se efectuará por cinco años y solo podrá ser renovado en dos ocasiones por periodos de la misma duración.

Las personas de la comisión no percibirán retribución alguna por sus trabajos, "sin perjuicio de las indemnizaciones por razón del servicio procedentes", y los presupuestos de la Comunidad Autónoma contendrán una partida específica suficiente para que la comisión pueda realizar sus trabajos.