Sociedad -
Sentencia
El expresidente de Anesvad, condenado a seis años de cárcel
Anesvad espera que José Luis Gamarra le pague la indemnización de 3.263.189 euros para destinarlos a sus fines sociales. Los otros dos acusados también han sido condenados.
Redacción
La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado al expresidente de Anesvad José Luis Gamarra a seis años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida. Asimismo, se le impone una multa de doce meses a razón de 50 euros cada cuota y la obligación de indemnizar a la ONG con 3.263.189 euros.
Anesvad ha valorado "positivamente" la sentencia y espera que la resolución judicial se cumpla "para poder destinar los fondos sustraídos al cumplimiento de su fin social".
Los otros dos acusados, Francisco Martínez Fernández y José Miguel Sustacha Olabe, director financiero y director general de la entidad, han sido condenados a 21 meses de prisión y una multa de seis meses a razón de 12 euros cada cuota, por lo que no entrarán en prisión.
La sentencia, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, considera probado que Gamarra, presidente de Anesvad desde su fundación hasta 2007, se apropió entre 1996 y 2006 de algo más de 7,5 millones de Anesvad, que pasó a cuentas "opacas" que él gestionaba y que no figuraban en la contabilidad de la ONG, con sede en Bilbao.
Con parte de ese dinero otorgó gratificaciones y dio créditos sin interés a empleados de Anesvad, compró un coche a su sobrina, pagó parte de su vivienda habitual, sufragó gastos personales y realizó inversiones.
Los fondos provenían tanto de aportaciones de socios y colaboradores de Anesvad, ya fuera para operaciones genéricas de la ONG como para proyectos concretos como la leprosería de Culión (Filipinas) o Misión China, como de donaciones, incluidos 983.605 euros de una cuenta en Suiza que un particular dejó en herencia a Anesvad y que Gamarra traspasó a una cuenta a su nombre abierta en ese mismo país.
Los magistrados aplican a Gamarra el agravante de que el delito fuera continuado y que se cometiera sobre "bienes de reconocida utilidad social" que debían ser destinados a proyectos sociales y humanitarios, así como la atenuante de haber devuelto parte del dinero del que se apropió.
