Detectan 6 matrimonios forzados en Hego Euskal Herria en los últimos siete años

Los distintos cuerpos policiales han detectado desde 2015 en el Estado español 27 matrimonios forzados, 5 de ellos en Euskadi, la segunda comunidad con más casos por detrás de Cataluña (14).

Se trata de una realidad que vuelve a primer plano después de que dos jóvenes paquistaníes residentes en Terrassa (Barcelona), víctimas de sendas bodas concertadas, hayan sido asesinadas por miembros de su familia en Pakistán por querer divorciarse.

La comunidad en la que se han detectado más casos desde 2015 es Cataluña (14), seguida de Euskadi (5), según datos del Ministerio del Interior de España, a los que ha tenido acceso EFE a partir de la información recopilada por la Policía Nacional española, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral de Navarra.

En el mismo periodo, las fuerzas de seguridad tuvieron conocimiento de matrimonios concertados también en Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Madrid, Navarra y la Comunidad Valenciana, cada una con un caso, mientras que hubo dos que se detectaron en el extranjero.

Considerado una violencia machista, el matrimonio forzado es la unión de dos personas en la que, al menos una de ellas, generalmente la mujer, no otorga su pleno y libre consentimiento y se ve obligada a casarse por la presión emocional, psicológica o incluso física de la familia.

El Código Penal del Estado español establece en su artículo 172 bis penas de prisión de seis meses a tres años y seis meses o bien multas de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados, para aquellos que obliguen a una persona a contraer matrimonio "con intimidación grave o violencia". Las condenas se agravan si las víctimas son menores de edad.

Sin cifras oficiales concretas, distintos estudios destacan la persistencia de esta práctica en familias originarias de Senegal, Nigeria, Pakistán, Marruecos y en la comunidad gitana proveniente de Rumanía.

Para la detección de este tipo de situaciones son clave las alertas de los servicios sociales y educativos para detectar alteraciones en el comportamiento. Porque no es común que sean las propias víctimas las que denuncien.