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La Fiscalía inicia diligencias de investigación por el derribo de una villa en San Sebastián

La Asociación Áncora interpuso una denuncia por entender que "los técnicos y autoridades locales pudieron incurrir en un delito contra el patrimonio histórico en su modalidad de prevaricación".

Obras en Villa María del Carmen, Ategorrieta, San Sebastián. Foto: Áncora
Obras en Villa María del Carmen, Ategorrieta, San Sebastián. Foto: Áncora
Obras en Villa María del Carmen, Ategorrieta, San Sebastián. Foto: Áncora

Agencias | EITB MEDIA

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Euskaraz irakurri: Fiskaltzak ikerketa-eginbideak hasi ditu Donostian txalet baten eraisketagatik

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha decretado la incoación de diligencias de investigación tras la denuncia presentada por la Asociación Áncora sobre el derribo de elementos protegidos en Villa María del Carmen, en San Sebastián.

La villa, situada en la avenida de Ategorrieta de la capital guipuzcoana, es un edificio del año 1912 del arquitecto Ramón Cortázar y cuenta con parcela arbolada de alrededor de 2000 metros cuadrados, ha informado este sábado la asociación para la conservación del patrimonio Áncora en un comunicado.

Según explica, los propietarios de Villa María del Carmen "presentaron una alegación para evitar su protección", petición que fue desestimada por el Ayuntamiento de San Sebastián.

La normativa municipal exige "preservar la totalidad de las partes exteriores de este inmueble catalogado, con especial atención a la cubierta y los entramados de su fachada, que tienen la consideración de 'elementos permanentes'", señala Áncora.

El pasado mes de noviembre se iniciaron los trabajos para edificar en el edificio seis viviendas, "con el visto bueno municipal", pero las obras conllevaron la "destrucción" de elementos protegidos como la escalinata de acceso, el porche, el piso superior y la cubierta de la casa, afirma la asociación.

Áncora pidió al Ayuntamiento la paralización de las obras, pero no obtuvo respuesta, y continuó el derribo de la villa que ha quedado "gravemente mutilada".

Áncora interpuso una denuncia ante la Fiscalía por entender que "los técnicos y autoridades locales pudieron incurrir en un delito contra el patrimonio histórico en su modalidad de prevaricación, al otorgar licencias que infringen manifiestamente el régimen de protección del PEPPUC".

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