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notas de prensa

"Graffiti en Rojo"

El derecho de asilo y el teatro social

I.A.

eitb.com

Hablamos con Leire Lamas, reponsable del área de incidencia y participación social de CEAR Euskadi.

Teatro y política. Sí, habrá quien encuentre otros paralelismos no necesariamente ligados a la problemática que abordamos hoy, pero no es momento ni lugar.

El área de Incidencia y Participación Social de CEAR Euskadi promueve, desde esta misma tarde, una reflexión colectiva: la importancia del derecho de asilo y su difusión a pie de calle, entre la ciudadanía.

El teatro social se articula como una vía para acercar reflexiones de calado en los talleres dentro del proyecto el derecho de asilo en los municipios vizcaínos: una propuesta participativa de Educación para el desarrollo.

Esta semana que dejamos atrás deja también las críticas de SOS Racismo a la ordenanza municipal contra la prostitución en la calle. El colectivo en contra de la xenofobia recuerda que la prostitución no es únicamente un problema de orden pública y que se deben sancionar conductas, no colectivos, previendo que esta normativa sólo oculta la actividad sin erradicarla.

Pero para sorpresa de todos, un nuevo episodio en la polémica sobre el empadronamiento de inmigrantes sin papeles. La Comisaria Europea de Interior, Cecilia Malmström, ha respondido a un pregunta de CIU donde recuerda que España debería cumplir la directiva que establece que una vez se tiene constancia de la presencia de un nacional de un tercer país en situación irregular, ya no son libres, para tolerar esa situación sin iniciar los procedimientos de retorno o poner en marcha procedimientos para concederle derecho a permanecer en su territorio.

El líder de Unió, Durán i Lleida, ve reforzada así la opinión del alcalde de Vic defendidas por CIU y pide Duran que el Gobierno debe mover ficha aunque tiene tiempo hasta el 24 de diciembre para aplicar esta directiva. CDC permitirá que los ayuntamientos informen a la delegación del Gobierno en Catalunya de aquellos inmigrantes empadronados que se encuentren en situación irregular. El PSC cree que se podría vulnerar la ley de protección de datos.