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TRIBUNALES
Prisión permanente revisable para el asesino de la pequeña Alicia
El juez ha condenado a Daniel Montaño, el asesino de la niña Alicia de 17 meses, a una pena de prisión permanente revisable. Es la primera vez en Euskadi que se impone este tipo de condena.
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El magistrado ratifica, así, el veredicto del jurado popular que ya determinó que Montaño era responsable de matar a Alicia, de intentar matar a su madre y que era perfectamente consciente de lo que estaba haciendo. Daniel Montaño pasará en prisión un mínimo de 25 años. El juez Jesús Poncela considera que éste es el castigo que merece el asesino de la pequeña Alicia. Queda probado, dice la sentencia, que Montaño lanzó a la niña por la ventana, con intención de matarla y de manera sorpresiva y queda probado, también, que intentó matar a su madre, Gabriela. No ha quedado acreditado, sin embargo, que Daniel Montaño padezca una esquizofrenia paranoide, ni que tuviera anuladas o mermadas sus facultades mentales. La sentencia ratifica, por tanto, el veredicto del jurado popular.
La Asociación Clara Campoamor, que ha ejercido la acusación popular, considera que la sentencia es satisfactoria. Su letrado, José Miguel Fernández, declara que la sociedad quiere la prisión permanente revisable para los delitos más graves. Este colectivo cree que el mensaje que lanza la sentencia recoge lo que dice el jurado y es que no tiene que haber ningún tipo de cortapisa, de atenuante, de eximente que reduzca la máxima pena en este tipo de delitos. El abogado defensor, por su parte, ha anunciado que recurrirá la sentencia. Martín Guevara asegura que no van a discutir el hecho concreto del asesinato, ya reconocido y no controvertido, pero sí discutirán sobre el estado de Daniel Montaño.
Existe un plazo de 10 días para recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Queda, además, la opción de acudir al Tribunal Supremo. Es la tercera vez en el Estado Español que se aplica la prisión permanente revisable. Una pena que está cuestionada jurídicamente por comprometer la prohibición de penas inhumanas o el mandato de reinserción social.
