Radio Vitoria Gaur Actualidad
Araba
Las trabajadoras de intervención social denuncian el bloqueo en la negociación del convenio colectivo
EITB MEDIA
Ofrecen servicios públicos como atender a victimas de violencia machista, a menores en desprotección o a personas con adicciones pero están subcontratadas por la empresa privada. Reclaman a la patronal que desbloquee la negociación y al gobierno foral que ofrezca garantías financieras para ello
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Protesta. Fuente: ELA
1:19 min
Las trabajadoras del servicio de Intervención Social de Araba reclaman que se desbloquee la negociación del tercer convenio del sector. Son trabajadoras de atención a víctimas de violencia machista, menores en desprotección, familias vulnerables, personas con adicciones y más. Se trata de un servicio público de la Diputación Foral del Álava pero la mayoría de trabajadoras están subcontratadas por empresas privadas.
La vigencia del segundo convenio colectivo concluyó en diciembre del año pasado. Desde que comenzó este 2021, el millar de trabajadoras de Intervención Social en Álava está en situación de ultra-actividad. Han mantenido 9 reuniones con la patronal pero, afirman, "se mantiene el bloqueo". Reclaman subidas salariales, reducir la jornada, mejora en las licencias de permisos para la conciliación, revisar las incompatibilidades de algunos pluses y el acceso al contrato relevo, entre otros. Para todo ello, hace falta la garantía de financiación de la Diputación Foral de Alava. Así se lo ha trasladado la patronal a los 5 sindicatos de la Intervención Social alavesa: "La patronal no se moja en mejoras que implique una inversión económica, no se arriesgan a tener que poner dinero y estamos atados de manos porque no hay nada claro". Por eso, apuntan directamente a la Diputación Foral de Álava: "Hace falta garantizar la financiación del tercer convenio de Intervención Social en los prespuestos forales. Es incromprensible la falta de compromiso político, en una situación que dice el Diputado General Ramiro González que van a ser los presupuestos más altos de Araba".
Denuncian la inestabilidad de un servicio que está sobresaturado. Recalcan además, que las técnicas contratadas directamente por la Diputación cobran 1000 euros mensuales más sin tener la formación y experiencia que se les exige a ellas. Cuestión que se traduce, según la parte social, en la fuga de profesionales a otros sectores.
