Gobierno Vasco reclama paliar los perjuicios de la reforma energética

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha remitido esta semana un nuevo informe al ministro de Industria en el que evidencia los "graves perjuicios" que la reforma del sector energético sigue produciendo en el sector industrial vasco.

Según ha informado la Consejería, pasado más de un año desde las primeras reformas, este nuevo texto analiza la "preocupante afección a la industria vasca" y plantea seis medidas correctoras para impulsar la competitividad del sector industrial y, al mismo tiempo, seguir reduciendo el déficit del sistema eléctrico.

Nuevo informe

El nuevo informe actualiza el ya remitido el pasado año al ministro José Manuel Soria y supone la "materialización de los compromisos adquiridos" por el Gobierno vasco en la reunión mantenida el pasado 29 de diciembre con los diferentes sectores y empresas industriales afectados por la reforma del sector eléctrico y por el nuevo sistema de retribución a la interrumpibilidad mediante subasta.

"Dicha reunión permitió poner en común la incidencia que los nuevos peajes de acceso a la energía eléctrica impuestos a la industria estaban teniendo en su capacidad competitiva, así como en sus posibilidades de inversión en mejoras tecnológicas", han señalado.

Según subraya la Consejería, las aportaciones de las industrias afectadas y un "pormenorizado análisis" del año transcurrido desde la aplicación de las nuevas normativas permiten apuntar a los costes de acceso a la energía, así como a la necesidad de reducir el déficit del sistema eléctrico como los principales aspectos que deben ser mejorados sin dilación para impedir mayores impactos en sectores de gran consumo energético que compiten en mercados internacionales, "donde los factores energía y trabajo tienen costes más competitivos".

Seis ejes

La propuesta presentada por el Gobierno vasco al Ministerio se resume en seis ejes de actuación: crear de un observatorio de costes energéticos; establecer de un sistema de tarifas de acceso industriales competitivas europeas y no discriminatorias; reestructurar el actual sistema de interrumpibilidad; mejorar el acceso a redes por parte de las empresas; y trasladar a los Presupuestos Generales del Estado los extracostes sociales y no peninsulares de la energía