Política -

Acumulación de penas

La decisión del TS forzará la vuelta a prisión de Arrospide y Plazaola

Ambos fueron puestos en libertad después de que la Audiencia Nacional aceptara restar de su condena los años de cárcel cumplidos en Francia. El Supremo ha corregido ahora ese criterio.

Santiago Arrospide, a su salida de prisión. EiTB
Santiago Arrospide, a su salida de prisión. EiTB
El Supremo se pronuncia contra la acumulación de penas

1:51

Redacción

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Los expresos de ETA Santiago Arrospide, Santi Potros, y Alberto Plazaola, que fueron puestos en libertad por la Audiencia Nacional al aceptar restar de sus condenas en España los años de cárcel que permanecieron en Francia, podrían volver ahora a prisión, una vez que el Tribunal Supremo (TS) se ha pronunciado en contra de aplicar la normativa europea que establece la acumulación de penas cumplidas en los estados de la UE.

Según informa Europa Press citando fuentes jurídicas, la situación de estos expresos ha quedado pendiente en el Supremo hasta que resuelva sobre sus recursos y ordene previsiblemente su vuelta a prisión.

La Sala de lo Penal del Supremo trasladará previsiblemente el criterio fijado este martes para el preso Kepa Pikabea a estos miembros de ETA. La decisión, según la cual las penas cumplidas en la Unión Europea antes del 15 de agosto de 2010 no se acumularán a las impuestas en España, afectará al más de medio de centenar de reclusos que atraviesan una situación similar.

Aunque el fallo del Supremo se ha referido al caso concreto de Pikabea, establece también un criterio general sobre cómo debe aplicarse la citada norma europea en el Estado español.

La Sala de lo Penal del Supremo ha respaldado dividida, por nueve votos frente a seis, la Ley 7/2014 que traspuso la Decisión Marco 675/2008 del Consejo de Europa y afirma que "en ningún caso serán tenidas en cuentas" para su aplicación "las condenas dictadas por un tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterior al 15 de agosto de 2010".

Los presos afectados pueden acudir al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si creen que los tribunales españoles han conculcado sus derechos fundamentales.

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