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119 plazas de administrativo en el aire en Gipuzkoa tras el recurso interpuesto a la OPE por el euskera

Los sindicatos ELA y LAB han convocado una concentración para este viernes, 16 de febrero, en la plaza de Gipuzkoa de San Sebastián en defensa del euskera.

Una concentración en el Palacio de Justicia. Foto: Hizkuntz Eskubideen Behatokia
Una concentración en el Palacio de Justicia. Foto: Hizkuntz Eskubideen Behatokia
Una concentración en el Palacio de Justicia. Foto: Hizkuntz Eskubideen Behatokia

agencias | eitb media

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Euskaraz irakurri: Gipuzkoako 119 administrari lanpostu airean, euskara dela eta LEPari jarritako helegiteagatik

La Diputación de Gipuzkoa llama a participar en la concentración convocada el viernes en San Sebastián por ELA y LAB en defensa del euskera ante el recurso interpuesto contra las bases generales y la convocatoria de 119 plazas de administrativo por la exigencia de perfil C1 o B2 de euskera.

La portavoz foral, Irune Berasaluze, ha hecho extensivo este llamamiento a los trabajadores de esta institución, a los agentes ligados al euskera y a la ciudadanía.

El recurso hace referencia a un acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno el 29 de diciembre de 2022 por el que se aprobaban los procesos selectivos de la OPE para la estabilización de empleo público de la Diputación, concretamente las correspondientes a 119 plazas de personal administrativo.

Estas plazas, materializadas a través de un concurso de méritos que tuvo lugar a lo largo del año pasado, están pendientes de adjudicación definitiva, ha informado la Diputación en un comunicado.

Berasaluze ha asegurado que la Diputación convoca todas sus OPE "respetando la legalidad vigente, con todas las garantías jurídicas, y acorde a los planes de normalización lingüística aprobados por consenso para salvaguardar los derechos lingüísticos de la ciudadanía".

Por ello, ha adelantado que la Diputación "seguirá defendiendo allí donde haga falta sus competencias en materia de función pública y de impulso de la igualdad lingüística" como ha hecho en anteriores procesos en los que se ha impugnado el requisito del euskera, entre los que cita el de la Fundación Uliazpi.

La institución foral presentó en este caso un recurso a la decisión de la Justicia que en estos momentos está a la espera de resolución.

Berasaluze ha defendido que "pedir como requisito a una persona empleada pública que sepa euskera, que es una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca, no puede considerarse como una discriminación".

Por último, Berasaluze ha puesto en valor "la trayectoria realizada por la sociedad y las instituciones vascas durante décadas en pro de la normalización lingüística" y ha abogado por "seguir avanzando, desde el consenso, pero con la firmeza necesaria, para no dar pasos atrás".

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