Empieza el proceso para decidir si Berlusconi abandona el Parlamento

La Junta para las Elecciones y la Inmunidad del Senado italiano ha comenzado hoy de modo efectivo el proceso que llevará a decidir si el ex primer ministro Silvio Berlusconi tiene que abandonar su escaño, tras haber sido condenado en firme a cuatro años de prisión por fraude fiscal en el caso Mediaset.

Los 23 componentes de la Junta, comisión encargada de dictaminar la idoneidad de los senadores para su cargo, empezaron este lunes a abordar la legitimidad de Berlusconi como parlamentario, después de haber decidido a primeros de agosto aparcar esta cuestión hasta la vuelta de la pausa vacacional.

La Junta del Senado debe decidir si es aplicable a Berlusconi la llamada "ley Severino" del Ejecutivo de Mario Monti, aprobada en diciembre de 2012. Esta ley establece la imposibilidad de presentarse a las elecciones o la expulsión del Parlamento de quienes hayan sido condenados en firme a penas superiores a los dos años de cárcel. Sobre la interpretación de esta norma se centra la decisión que deberá tomar la Junta.

Los abogados del ex primer ministro han apelado al Tribunal Europeo de Estrasburgo contra la aplicación de la "ley Severino". Los senadores del partido de Berlusconi afirman que la ley no puede aplicarse a "il Cavaliere", entre otros motivos, porque el alcance de su aplicación no afecta a hechos que tuvieron lugar cuando la norma aún no existía.

Según informan los medios de comunicación italianos, el portavoz del PDL, Andrea Augello, planteó varias cuestiones previas a la defensa de Berlusconi. Entre esas cuestiones, la exigencia de que se pida un dictamen sobre la "ley Severino" al Tribunal Constitucional italiano y/o a la Corte de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo, para que, en el caso de esta última, se decida si la norma contraviene o no los principios del derecho comunitario.

Otro de los argumentos esgrimidos por los afines a Berlusconi para que no se le aplique esta norma es el de que, aunque la condena es de cuatro años de prisión, la pena aplicable queda reducida a un año en base a una ley de indultos de 2006, por lo que no llegaría a los dos años que marca la "ley Severino".