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Pacto con las FARC

El Senado de Colombia aprueba la Jurisdicción Especial para la Paz

Las sanciones establecidas en la Jurisdicción van desde cinco años de restricción de libertad, hasta 20 años de cárcel, dependiendo de su aporte a la verdad, para los guerrilleros y los terceros.

Pleno del Senado colombiano. Foto: Juan Fernando Cristo
Pleno del Senado colombiano. Foto: Juan Fernando Cristo
Pleno del Senado colombiano. Foto: Juan Fernando Cristo

agencias | redacción

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Euskaraz irakurri: Kolonbiako Senatuak Bakerako Jurisdikzio Berezia onartu du

El pleno del Senado de Colombia ha aprobado en el último debate la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la columna vertebral del pacto con la guerrilla de las FARC, según fuentes oficiales.

"Senado aprueba en último debate la Jurisdicción Especial para la Paz", ha escrito en su cuenta de Twitter el ministro colombiano del Interior, Juan Fernando Cristo.

Ahora la JEP pasará a control de la Corte Constitucional que determinará si la iniciativa se ajusta a la Constitución colombiana y si se cumplieron todos los trámites en el Congreso.

Contrario a lo sucedido la semana pasada, esta vez el Gobierno ha logrado ajustar a los partidos afines al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y ha reunido el quórum para aprobar la iniciativa por amplia mayoría.

Esta es la primera reforma constitucional aprobada a través del "fast track", la vía legislativa rápida para dar trámite a las normas y reformas constitucionales necesarias para implementar jurídicamente el acuerdo de paz.

En la discusión, que se ha prolongado por más de ocho horas, han estado los miembros del Partido de la U, Liberal, Conservador y Cambio Radical, afines al Gobierno, mientras que la oposición ha corrido por cuenta del Centro Democrático, fundado por el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe, férreo crítico del acuerdo de paz con las FARC y de su implementación.

La Jurisdicción Especial de Paz investigará, condenará y sancionará a los responsables de los delitos más graves como genocidio, secuestro, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, violencia sexual, delitos contra personas y bienes protegidos por el DIH, prostitución forzada, esclavitud sexual, entre otros.

Las sanciones establecidas en la JEP van desde cinco años de restricción efectiva de la libertad hasta 20 años de cárcel, dependiendo de su aporte a la verdad, para los guerrilleros y los terceros. Para los agentes del Estado serán simétricas y se cumplirán en guarniciones militares.

La JEP también contempla la creación de un sistema integral que estará compuesto por una comisión de la verdad, una unidad de búsqueda de personas desaparecidas en el conflicto armado.

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