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Guerra en Gaza

Israel defiende ante la CIJ que la acusación de genocidio es una "distorsión grosera" de la realidad

Los asesores legales consideran la acusación un ataque implícito al derecho de Israel a la autodefensa: "Al pedir al tribunal que ordene el cese de la operación militar en Gaza, el solicitante busca frustrar el derecho inherente de Israel a defenderse, y dejar a Israel indefenso", aseguran.

Representantes legales de Israel en la CIJ, este viernes. EFE.
Representantes legales de Israel en la CIJ, este viernes. EFE.
Representantes legales de Israel en la CIJ, este viernes. EFE.

Agencias | EITB Media

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Euskaraz irakurri: Genozidioaren salaketa errealitatearen "distortsio traketsa" dela defendatu du Israelek Hagan

Israel ha acusado este viernes a Sudáfrica de presentar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una "imagen fáctica y jurídica profundamente distorsionada" de la realidad de su guerra en Gaza.

Durante una audiencia este viernes en la CIJ, el asesor legal del Ministerio de Exteriores de Israel, Tal Becker, ha asegurado que la "totalidad" del caso presentado por Sudáfrica "depende de una descripción manipuladora, descontextualizada y deliberadamente recopilada de la realidad de las hostilidades actuales" contra Gaza.

Becker ha advertido de que "si ha habido actos que pueden calificarse de genocidas, entonces han sido perpetrados contra Israel", una afirmación que ha llegado acompañada de fotografías de los 200 rehenes tomados por Hamás, así como de imágenes del ataque, definido como "el mayor asesinato en masa calculada en un solo día desde el Holocausto".

Además, ha subrayado, que Hamás "ha grabado su barbarie" en vídeos que fueron reproducidos en redes sociales mostrando con orgullo las consecuencias del ataque a Israel.

"Este acto, por sádico y sistemático que sea, no exime a Israel de su obligación de respetar la ley mientras defiende a sus ciudadanos en su territorio. Eso es incuestionable", ha reafirmado el agente israelí, girando la mirada hacia el equipo legal sudafricano.

Pero, ha asegurado que Israel "tiene el derecho inherente de tomar todas las medidas legítimas para defender a sus ciudadanos y asegurar la liberación de los rehenes".

Ha considerado que las medidas cautelares solicitadas por Sudáfrica, que incluye una orden a Israel de suspender la operación militar, "equivale a un intento de negar a Israel su capacidad de cumplir con sus obligaciones de defender a sus ciudadanos, a los rehenes y a más de 100 000 israelíes desplazados internamente que no pueden regresar de manera segura a sus hogares" desde el ataque de Hamás. "Al pedir al tribunal que ordene el cese de la operación militar en Gaza, el solicitante busca frustrar el derecho inherente de Israel a defenderse, y dejar a Israel indefenso", ha asegurado.

Según Israel, "la absurda consecuencia" de la denuncia presentada por Sudáfrica "es que la CIJ está intentando detener a Israel en sus esfuerzos para defender a los civiles contra una organización que persigue unos objetivos genocidas", ha añadido.

En resumen, el asesor israelí ha esgrimido que la acusación de Sudáfrica carece de la base fundamental que caracteriza al delito de genocidio, esto es, "la intención de destruir a un pueblo en parte o en su totalidad", y que el motivo fundamental de la campaña en Gaza es el de "proteger", en realidad, al "pueblo israelí de un enemigo despiadado". 

De igual modo se ha expresado el abogado Malcolm Shaw, también parte de la representación legal israelí, quien ha esgrimido que no existen pruebas que ameriten una acusación de genocidio, un delito "único en su malicia, que destaca como el cénit del mal, el crimen de todos los crímenes, definitivo en su maldad"

Por ello Shaw, experto en Derecho Internacional por la Universidad de Leicester (Reino Unido) ha apelado a la característica singular y excepcional de este delito para valorar lo que está ocurriendo en Gaza en su justa medida porque "si las acusaciones de genocidio se convierten en moneda común, la esencia de este crimen acabaría perdiéndose".

Se prevé que el tribunal se pronuncie sobre las medidas requeridas por Sudáfrica a finales de este mes. Las decisiones de la CIJ son definitivas y sin apelación, pero el tribunal no tiene forma de hacerlas cumplir.

 

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