Política -

Decisión judicial

Uribetxeberria no llevará pulsera telemática como pedía la Ertzaintza

El juez ha negado que tener permanentemente en su domicilio presencia policial puede suponer "cierta lesividad mediática en el entorno".

Josu Uribetxeberria. Foto: EFE
Josu Uribetxeberria. Foto: EFE
Josu Uribetxeberria. Foto: EFE

Redacción

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El juez Ismael Moreno ha rechazado vigilar con una pulsera telemática al preso Josu Uribetxebarria Bolinaga, en prisión domiciliaria por el asesinato de un guardia civil en 1986, tal y como propuso la Ertzaintza para evitarle una "lesividad mediática" por tener permanentemente en su domicilio presencia policial.

Moreno ha adoptado esta decisión en un auto argumentando que la vigilancia de la Ertzaintza en modo alguno puede suponer "cierta lesividad mediática en el entorno" ni tampoco que dé lugar a "agravar la situación del mismo" ni el devenir diario de los vecinos como se dice en el oficio que le fue remitido por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, fechado el pasado 13 de mayo.

La pulsera hubiera permitido, según indicaba el citado oficio, una reducción de los agentes dedicados a esa vigilancia y un control menos invasivo.

Además, según el juez no hay modificación alguna de las circunstancias que fueron tenidas en cuenta para acordar el pasado 3 de abril la prisión domiciliaria de Uribetxeberria, excarcelado el verano de 2012 por enfermedad terminal, al considerar que fue él quien efectuó los disparos que acabaron con la vida del cabo de la guardia civil Antonio Ramos Ramírez en 1986.

Para pedir la colocación de la pulsera telemática, la Ertzaintza alegaba que ese sistema de control serviría para alertar del alejamiento del imputado de su domicilio, lo que supondría una presencia policial más discrecional y permitiría hacer las vigilancias directas en los momentos en que Uribetxeberria hiciera sus salidas programadas para el tratamiento de su enfermedad.

El pasado 3 de abril, Moreno decretó la prisión domiciliaria de Uribetxeberria, lo que llevó a revocar la libertad condicional que por su enfermedad le fue concedida en 2012, al considerar que todo apunta a que fue él "quien al parecer realizó los disparos" que acabaron con la vida de Antonio Ramos, el 8 de junio de 1986 en la localidad de Arrasate, por lo que le atribuye un delito de atentado con resultado de muerte.

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