Política -

Consulta catalana

5,4 millones de catalanes podrán votar el 9N

Además, la Generalitat ha adelantado que habilitará 2.718 locales de votación, aun en los municipios que se nieguen a facilitarlos.

Joana Ortega, vicepresidente de la Generalitat, en rueda de prensa. Foto: EFE
Joana Ortega, vicepresidente de la Generalitat, en rueda de prensa. Foto: EFE
La Generalitat presenta el dispositivo electoral para el 9 de octubre

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Redacción

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La Generalitat convocará a la consulta catalana del 9 de noviembre a 5,4 millones de catalanes y a los extranjeros residentes que lo soliciten en el plazo de una semana y habilitará 2.718 locales de votación en todos los municipios, aunque los ayuntamientos se nieguen a facilitarlos.

La vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, ha presentado en rueda de prensa el dispositivo logístico preparado para la consulta del 9 de noviembre sin adelantar cómo actuará si el Tribunal Constitucional (TC) la suspende, advirtiendo que no va a entrar en "actitudes preventivas", porque está convencida de que es "legal, constitucional y estatutaria".

Según Joana Ortega, está previsto que se instalen 8.130 mesas de consulta, con un total de 10.800 urnas, en 2.718 locales de todos los municipios de Cataluña, para lo que ya se ha facilitado a los ayuntamientos el listado provisional de esos espacios, con un plazo de diez días para que puedan "presentar alternativas".

La vicepresidenta ha asegurado que, pese a las declaraciones públicas de algunos alcaldes, la Generalitat no ha recibido hasta ahora ninguna notificación oficial de ayuntamientos que estén en desacuerdo con ceder sus espacios para acoger las urnas.

En todo caso, "no será por locales que la gente no podrá ejercer su derecho a voto, la Generalitat lo garantizará", ha asegurado Ortega, que no ha precisado de qué forma lo hará el gobierno catalán y se ha limitado a defender que colaborar en la consulta "es cumplir con una ley" aprobada por el Parlament.

Joana Ortega se ha mostrado también convencida de que 24.390 miembros titulares de mesas de votación que deberán ser elegidos por sorteo cumplirán con su "deber cívico" de acudir, pese a reconocer que no están obligados a hacerlo -al contrario de lo que sucede con los procesos electorales- y que la ley de consultas prevé que puedan renunciar a comparecer.

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