Política -
Prosprecciones petrolíferas
El Gobierno recurre al TC la consulta de las prospecciones en Canarias
La consulta convocada por el Ejecutivo de Canarias en relación con las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al archipiélago está prevista que se celebre el 23 de noviembre,
Redacción
El Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional la consulta convocada por el Ejecutivo de Canarias en relación con las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al archipiélago, convocada para el 23 de noviembre, según ha anunciado la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que tras recibir el informe del Consejo de Estado apoyando el recurso que el Gobierno solicitó interponer ante el Constitucional contra la consulta canaria, el Ejecutivo ha decidido dar este paso.
La vicepresidenta ha avanzado que impugnarán dos decretos del Gobierno de Canarias relacionados entre sí y referidos a la consulta convocada por las prospecciones petrolíferas.
Preguntada por la fecha de la impugnación, la vicepresidenta ha dicho que el Consejo de Ministros lo que hace es autorizar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que solicite la impugnación de estas actuaciones.
Una vez firmada la petición de impugnación, que ya está rubricada, corresponde a la abogacía del Estado el registro ante el Tribunal Constitucional, por lo que ha señalado que la fecha no la podía decir. El próximo pleno ordinario del Tribunal Constitucional convocado es el 4 de noviembre.
A la cuestión sobre si el Ejecutivo en algún momento se ha planteado algún otro mecanismo para la consulta en Canarias, Sáenz de Santamaría ha señalado que se está hablando de competencias del Estado, no del Ejecutivo de Canarias.
Ha añadido que Canarias tiene sus competencias, que el Gobierno respeta, y esta comunidad en el marco de sus competencias podrá tomar las decisiones que estime oportunas.
"Estamos hablando de un referéndum sobre el ejercicio de una competencia que la Constitución atribuye al Estado", ha precisado.
En este sentido, ha asegurado que "sobre esas competencias, no hay capacidad de negociación", ya que tanto las comunidades autónomas como el Estado deben ejercer cada uno sus respectivas funciones, y "otra cuestión es no cumplir o no respetar el marco competencial".
