Las JJ.GG. de Araba tratarán a Treviño como parte del territorio

Las Juntas Generales de Araba se han comprometido este domingo a tratar al condado burgalés de Treviño como la octava cuadrilla de la provincia y han rechazado la actitud del Congreso de los Diputados de no admitir a trámite la proposición de ley del Parlamento Vasco para la anexión de ese territorio.

El Parlamento foral alavés ha celebrado el tradicional pleno de Santa Catalina, en el que se ha debatido una moción del PNV sobre el condado de Treviño que ha dado origen a un texto acordado por todos los grupos, excepto el PP (que gobierna la Diputación foral) que ha salido aprobado. Los procuradores populares han votado en contra.

Así, las Juntas Generales de Araba manifiestan "una vez más" su "decisión institucional" de que Treviño forme parte de Araba y rechazan además la "falta de colaboración" del diputado general de Araba, Javier de Andrés, en la resolución de este contencioso.

En la transacción firmada por PNV, EH Bildu, PSE-EE y EB también se insta al gobierno foral alavés a comunicar a la Diputación Provincial de Burgos y a las Cortes de Castilla y León la voluntad y decisión de las Juntas alavesas de "impulsar la incorporación" a Araba de ese condado.

Una semana después del rechazo del Congreso de los Diputados

Este debate se ha producido una semana después de que el Congreso de los Diputados rechazara, con los votos del PP y del PSOE, la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Parlamento Vasco en la que se planteaba la anexión del Treviño a Araba mediante la modificación de los límites territoriales.

El portavoz del PNV en el Parlamento foral, Ramiro González, ha recordado que él estuvo en ese debate en Madrid y que sintió "decepción" y "tristeza" porque allí no estuvo el diputado general alavés, al que ha acusado de no defender los intereses de Araba. Ana Morales (PP) ha insistido en reconocer el "carácter alavés" del condado de Treviño y ha dicho que su partido quiere que los treviñeses sean alaveses "a todos los efectos". Sin embargo ha indicado que la iniciativa que se llevó al Congreso no era una "solución real" porque suponía abrir las puertas a que unas comunidades autónomas quieran imponer cambios en los estatutos de otras. La procuradora del PP ha reconocido que no comparte todo lo dicho por sus compañeros en Madrid.