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Caso Bárcenas

La juez procesa al PP por destruir los ordenadores de Bárcenas

La magistrada sostiene que el borrado de los ordenadores tuvo el objetivo de impedir que datos relativos a la contabilidad 'B' de la formación salieran a la luz.

La sede central del PP en la calle Génova de Madrid. EFE
La sede central del PP en la calle Génova de Madrid. EFE
La sede central del PP en la calle Génova de Madrid. EFE

AGENCIAS | REDACCIÓN

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Euskaraz irakurri: PP auzipetu egin du epaileak, Barcenasen ordenagailuak suntsitzeagatik

La titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, Rosa María Freire, ha procesado al PP, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que el extesorero Luis Bárcenas empleaba en la sede del partido en la calle Génova de Madrid.

En un auto, la magistrada concluye la instrucción y transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado. Acusa a todos ellos de la comisión de delitos de daños informáticos y encubrimiento por destruir los portátiles a "conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física".

En concreto, por el delito de daños informáticos la magistrada asegura que Durán ordenó la destrucción de los discos duros para eliminar los archivos, mientras que la actual tesorera "conocía sobradamente el apoderamiento y la custodia" de dichos dispositivos y "permitió" que Moreno ejecutase dicha orden "a pesar de no estar jerárquicamente obligado a ello".

Con respecto al delito de encubrimiento, la titular del Juzgado número 32 de Madrid dice que es aplicable al abogado y a la actual tesorera de la formación porque conocían la investigación judicial en curso sobre la presunta financiación ilegal del PP.

Según su criterio, el borrado de los ordenadores tuvo el objetivo de impedir que datos relativos a la contabilidad 'B' de la formación saliera a la luz.

La juez ha rechazado archivar esta causa como le pedía la Fiscalía y las defensas del PP y sus empleados, al considerar que no hay una resolución firme sobre la propiedad de los ordenadores y que no ha quedado acreditado que los discos duros que contenían estuviesen vacíos.

La decisión de la magistrada es un primer paso para que el PP se siente en el banquillo de los acusados como persona jurídica. Será la primera vez que una formación política lo haga bajo esta figura.

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