El PNV exige al Gobierno de España que acepte la segregación de Itsaso

La situación del municipio Itsaso (Gipuzkoa) ha llegado hoy a la sesión de control del Congreso. El diputado del PNV Iñigo Barandiaran ha reclamado a la vicepresidenta del Gobierno de España Soraya Saenz de Santamaría que se acepte la inscripción de Itsaso en el registro de entidades locales mientras se resuelve el litigio judicial abierto tras la segregación.

El Gobierno de España recurrió el Decreto foral por el que se aprobó la separación, pero la norma guipuzcoana que amparó esa medida sigue en vigor, por lo que la formación jeltzale reclama que se acepte la segregación de ambos pueblos.

Barandiaran ha recordado que ambos municipios fueron fusionados de manera forzosa en 1964, pero que Itsaso es ayuntamiento "desde hace 500 años". Ha admitido que la legislación estatal impone un requisito de población para poder independizarse, pero Gipuzkoa permite esta excepción para casos como el de Itsaso, de agrupación obligada en el franquismo.

"Es una excepción a la norma producto de una situación histórica antidemocrática e indeseada", ha añadido el diputado del PNV, para quien el Gobierno lleva a cabo una "injerencia" en los derechos históricos y en la capacidad de autogobierno del País Vasco.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que será necesario esperar a que los tribunales resuelvan sobre la segregación de la localidad guipuzcoana de Itsaso respecto a Ezkio, porque el Ejecutivo español sostiene que es contraria a la Ley de entidades locales que impide que pueblos tan pequeños, con 158 habitantes en este caso, se independicen.

'La legislación no es caprichosa'

Sáenz de Santamaría le ha respondido al diputado jeltzale que la segregación pudo producirse desde 1995 y que pasaron 18 años sin que se tomara la iniciativa, hasta que "les dio" por hacerlo cuando ya se había aprobado la nueva Ley de régimen local que lo impide: Itsaso no llega a los 5.000 habitantes de población mínima que la norma exige para constituir un nuevo ayuntamiento.

"La legislación estatal es básica y no es caprichosa", ha añadido la vicepresidenta, que ha asegurado que el Gobierno español está comprometido con que todos los municipios tengan servicios, "incluso los de 158 habitantes".