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Tortura

Ezenarro pide al Gobierno Vasco una investigación sobre la tortura

La parlamentaria vasca expulsada de Aralar, Aintzane Ezenarro, ha pedido hoy al Gobierno Vasco que impulse una investigación independiente relacionada con la tortura desde 1960 hasta la actualidad.

Aintzane Ezenarro. Foto: EITB
Aintzane Ezenarro. Foto: EITB
Aintzane Ezenarro. Foto: EITB

Redacción

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Ezenarro ha comparecido hoy ante los medios de comunicación para analizar el decreto que el pasado martes aprobó el Gobierno Vasco sobre las víctimas "en el contexto de la violencia de motivación política vivida" entre 1960 y 1978.

La parlamentaria ha reconocido que este decreto es un "primer paso importante" que debe seguir con otros, con el objetivo final de "culminar con una ley" para la reparación integral de estas víctimas.

Como paso intermedio a la aprobación de esa ley, Ezenarro ha planteado la necesidad de que "cuanto antes" el Gobierno Vasco apruebe el segundo decreto, que recogería a las víctimas, al menos los fallecidos, entre 1979 y la actualidad.

Además, ha pedido al Ejecutivo de Patxi López que impulse una investigación sobre lo que ha pasado en relación con la tortura desde 1960 hasta hoy, algo que, ha reconocido, puede ser "lo más difícil" de acometer.

Ha lamentado que este primer decreto se haya centrado en la reparación económica de estas víctimas y no en su derecho a la verdad y la justicia, que, a su juicio, es lo importante.

Ezenarro ha añadido que la comisión de valoración que se creará para determinar la condición de víctimas deberá hacer una interpretación "abierta" y no se limiten los casos a los que ha habido impunidad o cuyos actores hayan sido funcionarios públicos únicamente.

Por otra parte, ha considerado que todos los tipos de vulneraciones de derechos humanos de motivación política deberían estar recogidos en una misma ley. En su defecto, y dado que ya existe una normativa específica sobre damnificados por el terrorismo, ha defendido que las víctimas de abusos policiales y parapoliciales tuviesen también un reconocimiento legal, y no sólo por vía de un decreto.

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