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Eneko Goia: 'La ordenanza de pisos turísticos no contempla una amnistía'
El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha asegurado en Boulevard de Radio Euskadi que aquellos pisos que no cumplan la ordenanza, serán clausurados.
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Eneko Goia, alcalde de Donostia
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El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha insistido en que la ordenanza de pisos turísticos aprobada ayer pretende regular el uso turístico de pisos de particulares para lo que se han establecido tres zonas. En una de ellas, que aglutina la Parte Vieja y el Puerto, no se podrán habilitar nuevos pisos turísticos porque el ayuntamiento la ha considerado zona "saturada".
Goia, ha explicado que se ha analizado la relación de los pisos residenciales y de uso terciario, y que en el caso de la Parte Vieja y el Puerto, ese equilibrio se ha superado. El alcalde de Donostia, ha explicado que hay 1200 pisos turísticos inscritos en el registro del Gobierno Vasco y estiman que sólo el 27% de ellos cumplirá con la ordenanza municipal. Los que no respeten la legalidad, serán clausurados.
Sobre las críticas vertidas por parte de la oposición y por algunas asociaciones del sector turístico, el alcalde de la capital guipuzcoana ha disculpado esas declaraciones por la falta de información sobre la ordenanza. En este sentido, ha negado que se lleve a cabo una amnistía de pisos turísticos irregulares, como denunciaba EHBildu y ha respondido a la plataforma Aparture que los propietarios de pisos turísticos no tienen ningún privilegio con respecto a los dueños de hoteles u otros alojamientos convencionales.
Reacciones de los políticos
EH Bildu ha opinado que la nueva ordenanza "rebaja" las exigencias para esta actividad y extenderá el problema que vive la Parte Vieja a otros barrios de la ciudad. Asimismo, ha afirmado que la nueva regulación es "peor de lo esperado".
Por su parte, Irabazi cree que "empeorará la situación" porque se incrementarán los problemas de convivencia. En este sentido, ha opinado que los pisos que ahora son ilegales, por no estar ubicados en la primera planta, se convertirán en legales.
El PP ha reclamado un consenso con todos los "agentes implicados", al tiempo que se han comprometido a "implicarse para encontrar la mejor regulación posible de este fenómeno".
