Velasco ordena prisión sin fianza para Granados y Marjaliza

El juez Eloy Velasco ha ordenado la prisión provisional sin fianza para el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y para el empresario de la construcción David Marjaliza, quienes han sido interrogados hoy por el magistrado.

El exconsejero madrileño y su amigo y socio han ingresado a las 18.03 horas en la prisión de Soto del Real, tras ordenarlo así el juez Eloy Velasco, que sostiene que ambos eran cabecillas de la trama de corrupción destapada en la operación Púnica.

Francisco Granados ha declarado durante la mañana y ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco el cobro de comisiones ilegales a cambio de haber mediado en la adjudicación de contratos públicos y ha asegurado que la cuenta de Suiza que se le atribuye es en realidad del empresario y presunto 'conseguidor' de la trama de corrupción desarticulada de la 'operación Púnica', David Marjaliza, según fuentes de la defensa. Granados, que ha declarado como imputado durante dos horas y media cinco días después de su detención, ha asegurado que abrió una cuenta en Suiza en 1996 porque su agente se cambió de banco pero en el año 2000, un año después de su elección como alcalde de Valdemoro, la cedió a Marjaliza y recuperó los 320.000 euros que tenía en este depósito. Según su versión, el banco no le dejó cerrar la cuenta y le pidió que llevara a otro titular, para lo que eligió a Marjaliza. El exdirigente 'popular' también ha negado haber realizado negocios u operaciones con Marjaliza, al que conoce desde el colegio, y ha señalado que la transferencia de 1,6 millones que la Fiscalía de Laussanne (Suiza) detectó en 2013 y que motivó la apertura de la investigación por parte de Anticorrupción es en realidad un traspaso que el empresario habría realizado entre dos de sus cuentas.

En los últimos meses, además, Marjaliza se habría acogido a la amnistía fiscal para regularizar estos fondos.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha tomado declaración a los dos supuestos cabecillas de la trama de cobro de comisiones ilegales a cambios de contratos destapada en la 'operación Púnica'. se ha negado a declarar, y la Fiscalía ha pedido ya prisión incondicional para ambos.

El juez rechaza el 'habeas corpus'

Esta madrugada, sendas jueces de guardia han rechazado los 'habeas corpus' presentados por las  mujeres de los dos detenidos para solicitar "su inmediata puesta en libertad" al considerar ilegal la prórroga de sus detenciones decretada por el juez Velasco.

En el caso de Granados, la juez de guardia de Majadahonda, María Isabel Serrano, consideró que el plazo legal de detención debe contabilizarse desde el momento en que Velasco decretó su arresto judicial, el pasado miércoles por la tarde, y no desde la hora en que la Guardia Civil le detuvo en la mañana del pasado lunes.

También la juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Colmenar Viejo Raquel Sánchez Escobar, que se pronunció sobre el escrito de la defensa de Marjaliza, decidió que no se ha incumplido el plazo legal de detención como alegaba el constructor.

David Marjaliza prevé acudir ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional, en relación con la detención ilegal de la que ha sido víctima, según su abogado.

El juez Eloy Velasco comenzó el pasado miércoles a tomar declaración a los más de 30 detenidos hasta ahora en la 'operación Púnica' y ese mismo día acordó la detención judicial de Granados y Marjaliza, junto a la de otros 15 arrestados, abriendo así un plazo suplementario de 72 horas para interrogarles.

El magistrado ordenó además este jueves el ingreso en prisión incondicional del presidente de la Diputación de León Marcos Martínez y el empresario Alejandro de Pedro, al que considera una de las "cabezas" de la trama desarticulada.

Por otro lado, el consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, y el alcalde de Parla, el socialista José María Fraile, han presentado su dimisión a raíz de su detención en el marco de la Operación Púnica.