Inmigrantes y derechos políticos

Hay quien recapacita. El Ayuntamiento de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz ha decidido acatar el dictámen de la Abogacía del Estado que obliga a empadronar a todos los inmigrantes, aunque no comparte su contenido, por lo que ha advertido de que seguirá trabajando contra el "hacinamiento" y los "pisos patera".

El equipo de gobierno municipal del PP insiste; se ven obligados a retirar el requisito que impedía empadronarse a quienes vivieran en pisos de menos de 20 metros cuadrados o tuvieran pasaporte con el visado de turista.

Lo publicaba "El País" esta pasada semana. En Gasteiz, la Fiscalía tiene previsto presentar próximamente decenas de demandas contra la Diputación de Álava. El motivo reside en el trato dispensado a menores extranjeros no acompañados acogidos en por la institución Foral.

De un lado se persigue que la Diputación asuma formalmente la tutela de los menores. Actualmente, según estas fuentes, la institución no expide el certificado de tutela por las dudas de que estos jóvenes sean realmente menores de 18 años y para que la justicia obligue a la Diputación a acoger a los menores rechazados en el centro de acogida de urgencia de Zabaltzen tras el traslado policial.

Desde el área de Política Social y Servicios Sociales, su diputada, Covadonga Solaguren, cifró en un 80% el número de menores que tiene más de 18 años.

Por otra parte, el pasado 5 de enero se publicó en el BOE el acuerdo entre los Gobiernos español y ecuatoriano sobre la participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro. No obstante, hace un año, en enero de 2009 fueron los ciudadanos peruanos y colombianos los primeros ciudadanos no europeos que contarán con voz y voto para poder elegir a alcalde y concejales de las ciudades en que residan, unos comicios que está previsto se celebren en 2011.

Para tratar este asunto, nos ha acompañado Jon Hernández, presidente de la Asociación Colombia Euskadi.