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Alcaldes de Errenteria piden que la AN no juzgue los incidentes de Pamplona

Política

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Alcaldes de Errenteria piden que la AN no juzgue los incidentes de Pamplona

Agencias | Redacción

19/05/2017

El actual alcalde de la localidad y tres exalcaldes consideran que los actos en cuestión debería juzgarse 'por la jurisdicción ordinaria'.

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El alcalde de Errenteria, Julen Mendoza (EH Bildu) y tres exprimeros ediles de esta localidad guipuzcoana, los socialistas Juan Carlos Merino y Adrián López, y Xabin Olaizola (HB), han pedido hoy que los acusados por los incidentes del 11 de marzo en Pamplona no sean juzgados por la Audiencia Nacional.

Estos tres jóvenes, que permanecen encarcelados por estos hechos, fueron detenidos acusados de participar en los disturbios que hubo ese día en el casco antiguo de la capital navarra. Un cuarto arrestado fue puesto en libertad al ser menor de edad.

El pasado 27 de abril la Audiencia Nacional (AN) confirmó el carácter terrorista de estos incidentes, a pesar de que previamente la Audiencia de Navarra había determinado que no se trataba de un presunto delito de estas características por lo que previsiblemente será el Tribunal Supremo el encargado de resolver este conflicto de competencias.

En este contexto, los cuatro alcaldes han hecho público esta mañana un comunicado en el que sostienen que estos actos "se enmarcan dentro de hechos investigables y enjuiciables por la jurisdicción ordinaria y no por la Audiencia Nacional".

Todos ellos han comparecido en el salón de plenos del Ayuntamiento de Errenteria, en un acto al que no ha acudido el que fuera máximo mandatario municipal entre 1987 y 2003, Miguel Buen (PSE-EE).

No obstante, Mendoza ha aclarado que "no se cierran las puertas" a la posibilidad de que otros exalcaldes de la localidad puedan unirse en el futuro al documento dado a conocer este mediodía.

En este sentido, los alcaldes reprueban "de forma clara" los "hechos violentos y los destrozos que tuvieron lugar en Pamplona el 11 de marzo, así como cualquier tipo de expresión de violencia", al tiempo que piden que "las normas sean interpretadas atendiendo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas".

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