Economía -
Comisión Europea
Salgado pedirá prorrogar el FROB para despejar cualquier duda
El próximo 23 de julio la Comisión Europea publicará los resultados de las pruebas de solvencia que se realizan a 91 entidades, entre ellas 27 bancos y cajas españolas.
Redacción
La ministra de Economía, Elena Salgado, ha anunciado hoy la intención del Gobierno de pedir una prolongación del FROB a la Comisión Europea antes del 23 de julio, para cubrir cualquier necesidad de capitalización que pudiera destaparse tras la publicación de las pruebas de solvencia que se realizan a 91 entidades europeas, entre ellas 27 bancos y cajas españoles.
"Como medida de precaución, pediremos en los próximos días a la Comisión Europea una ampliación del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria)", ha explicado Salgado, tras la reunión del Ecofin de esta mañana en Bruselas, en la que los ministros de Finanzas de la UE abordaron la publicación de estos test, el próximo 23 de julio, para despejar cualquier duda sobre la salud del sector.
Salgado ha explicado que, "inmediatamente después de los resultados, las autoridades anunciarán la posibilidad de emplear instrumentos de dinero público" para afrontar las eventuales debilidades que se detecten.
En este sentido, ha dicho estar "perfectamente tranquila" porque "la Comisión Europea aprobará (la extensión del FROB) de manera inmediata", "por un tiempo limitado".
Además, Salgado confía en la resistencia del sector español, cuyas debilidades "han sido en buena medida solucionadas" durante el proceso de reestructuración de las cajas de ahorros vivido en los últimos meses.
Por otro lado, los ministros de Finanzas de la UE han respaldado hoy la evaluación realizada recientemente por la CE sobre el plan español de reducción del déficit público, al aprobar los esfuerzos previstos para 2010, pero solicitan la concreción de medidas de ajuste equivalentes al 1,75% del PIB en 2011.
La evaluación del plan de estabilidad español realizado hoy por el Ecofin junto al de otros doce países forma parte del procedimiento habitual seguido para los estados que violan la disciplina presupuestaria y está basado en la opinión expresada por la Comisión Europea el pasado 15 de junio.