Sociedad -
Caso Nóos
La Fiscalía pedirá 600.000 euros de responsabilidad civil a la infanta
La infanta debería hacer frente a dicha responsabilidad civil pecuniaria en caso de que Urdangarin fuera condenado.
La Fiscalía Anticorrupción solicitará que la infanta Cristina pague en torno a 600.000 euros en concepto de responsabilidad civil a título lucrativo, la mitad de lo percibido por la empresa Aizoon de los fondos públicos presuntamente malversados por el Instituto Nóos entre 2003 y 2007.
Dicha petición quedará recogida en el escrito de acusación del caso Nóos que está preparando la Fiscalía Anticorrupción para cuando finalice la instrucción de esta causa, ya que la declaración de la infanta como imputada el próximo sábado podría ser una de las últimas diligencias que se practiquen, han informado fuentes jurídicas.
La infanta debería hacer frente a dicha responsabilidad civil pecuniaria en caso de que Urdangarin fuera condenado.
La Fiscalía considera que la infanta Cristina no cometió ningún delito penal, pero sí que tendría que responder pecuniariamente por haberse beneficiado como propietaria al 50% de Aizoon con su marido Iñaki Urdangarin de los fondos públicos presuntamente desviados aunque no supiera de su origen ilícito, tal como determina el artículo 122 del Código Penal.
Preparativos
La infanta está citada a declarar como imputada este sábado en los Juzgados de Palma a partir de las 10:00 horas.
Con tal propósito, la Policía Local ya ha situado varias señales de prohibición de aparcar en las calles aledañas a los Juzgados, como medida preventiva de seguridad para esta declaración.
Mientras tanto, operarios de las dependencias judiciales acondicionaban hoy la sala donde prestará declaración doña Cristina.
Más de 300 periodistas de 90 medios de comunicación se han acreditado para informar de la comparecencia de la infanta.
20.000 euros de coste
El despliegue de seguridad con motivo de la declaración de la infanta tendrá un coste aproximado de 20.000 euros, según han estimado fuentes conocedoras del dispositivo en el que colaborarán tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil y la Policía Municipal.
Las mismas fuentes consultadas han precisado que la Policía Nacional se encargará de controlar los aledaños del Juzgado antes y durante la declaración. Para ello han sido desplegados desde Valencia dos Grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) formados cada uno por 50 agentes de antidisturbios.
El desplazamiento de este centenar de policías ha comenzado este jueves. El traslado y el pago de dietas durante los días que permanezcan desplegados supone gran parte del coste total del dispositivo, según las estimaciones de las fuentes consultadas.
