El ministro Corbacho y las pensiones

Ya el 29 de enero quien más quien menos empezó a sacar sus cuentas. El Gobierno español confirma ese día y aprueba en un proyecto su intención de abordar una reforma en materia de pensiones que podría incluir el incremento escalonado de la edad ordinaria de jubilación. De los 65 años se pasaría a los 67.

El rechazo de los sindicatos y la opinión pública centran el debate económico durante 40 días. Los mismos que separan ese anuncio de la rectificación del mismo. Hoy, después de la cuarentena, distintos analistas sostienen que el Gobierno ha comprobado que la negativa es superior a la prevista por los impulsores del proyecto. Su estrategia pasa por relegar esa reforma a la próxima legislatura. Es decir, que sea el partido que asuma la presidencia tras la elecciones quien decida.

No obstante, se insiste en que la propuesta no se retirará del ámbito de negociación. Y hay quien apunta que en eso hay más de cálculo político que económico para evitar así una nueva acusación sobre las contradicciones en las que incurre el gabinete Zapatero.

Aparte del malestar o los distintos estudios de opinión pública, el cruce de declaraciones entre Gobierno y oposición ha sido constantes. No obstante, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, defendió ayer en Telemadrid la necesidad de un plan de pensiones.

Corbacho matizó que esas pensiones deberían entenderse como una fuente complementaria que permita garantizar unos ingresos acordes con el salario percibido a lo largo de la vida laboral del trabajador.