La columna de José Félix Azurmendi (23/09/2017)

Desde que empezó la nueva temporada, no hemos dejado de hablar de Catalunya

JFA. Este otoño que arranca hoy no se presenta como el de Verlaine monotone y podría terminar convirtiéndose en el mot de passe para un desembarco si todas las fuerzas que reclaman un nuevo tiempo terminaran poniéndose de acuerdo. Las instituciones y el pueblo de Catalunya han puesto patas arriba al Estado y sus aliados de todo orden, y nada será igual en adelante. Hasta ahí me atrevo a vaticinar hoy en relación con el futuro de los catalanes y de todos nosotros.

Veo en estos días especialmente incómodos a quienes intentan mediar en el enfrentamiento - choque de trenes lo llaman- con argumentos simples como que estamos ante un problema político que debe ser solucionado con más política y luego añaden que la posición y los argumentos de los que apuestan por el referéndum a toda costa son pueriles. A los guionistas de programas informales y críticos se les ve también haciendo equilibrios complicados que no pueden ocultar que a ellos, como a todos los nacionalmente satisfechos, eso de las patrias y las identidades les parecen cosas de niños inmaduros. No están cómodos con el papelón de la Guardia Civil, que de civil tiene poco, pero eso no les parece risible.

Se le puede llamar político si se quiere, pero el problema entre el pueblo de Catalunya y la Administración española es mucho más profundo, es un conflicto histórico que solo tiene una solución, la que arbitren los propios catalanes. Y en la respuesta del Estado, lo que hay es un problema democrático: llamarle a eso política puede resultar tranquilizador, pero es insuficiente a mi juicio. En Catalunya hay muchos ciudadanos ya, muchos, que se han desvinculado psicológica y socialmente de una España que no la sienten suya y no la necesitan para nada. Y, entre ellos, muchos jóvenes a los que no se va a ganar y convencer solo  con una nueva  propuesta política que llegue de Madrid.

Podría parecer a veces que todo el mundo ha enloquecido

JFA. No todo el mundo ha enloquecido. Sigue habiendo  quien confía, para cuando haya pasado el 1 de octubre, en poder reconducir lo que llaman independentismo táctico a la legalidad constitucional. Sigue habiendo, en medios universitarios que no en la Administración,  juristas y constitucionalistas que recuerdan que cuando el número de encausados se hace enorme, como lleva camino de ser el caso de Catalunya, se pierde la legitimidad; que advierten de que la bola de nieve de la desobediencia civil arrasa la legalidad y es imposible encausar, por ejemplo, a setecientos alcaldes. Pero en general, y muy especialmente los medios de comunicación españoles, al servicio seguramente de lo que entienden como deber patriótico, han adoptado una postura enloquecida, muy alejada de su obligación profesional, por decirlo de manera suave.

El Gobierno del PP parece ser consciente de que no va a contar con los votos del PNV para aprobar los nuevos presupuestos y de que es poco probable que vaya a hacerlo con el del PSOE, como piensan algunos comentaristas animados por la posición responsable que dicen observar en los socialistas ante la crisis catalana. Entre las derechas de toda la vida y algunos fácticos se cruzan mensajes que ponen en cuestión el papel de Mariano Rajoy en ella, que opinan que su tiempo y modos han pasado, que proponen su relevo por  otro gallego, por Núñez Feijoo. Si el PP se queda solo con Albert Rivera y sus muchachos, como parece, no habría que descartar unas elecciones generales en puertas.

¿Cómo se refleja todo esto entre nosotros?

Tengo la impresión de que el PNV algo de esto se huele y que su recuperada exigencia de traspaso de las competencias pendientes en el Estatuto de Gernika y su propuesta de una confederación de pueblos iguales apunta a ello. Los hermanos Zarzalejos, que algo saben de política española, llevan decenios advirtiendo del riesgo siempre latente en el nacionalismo vasco de esta deriva confederal. Cierto  es que hay más de una explicación de lo que es federación y confederación, pero la más sencilla y evidente es que la confederación presupone una soberanía originaria, y la federación no.  A los que piensen que se trata de una ocurrencia dialéctica del lehendakari para salir del paso en tiempos difíciles habría que recordarles que hace más de setenta años gobernantes vascos, catalanes y gallegos en el exilio plantearon ya una confederación de pueblos ibéricos que pudiera acoger también, si así lo desearan, a los demócratas portugueses. El planteamiento era para demócratas y, por supuesto, para republicanos. Ni EH Bildu, ni Ahal dugu-Podemos la deberían echar en saco roto, solo porque venga de boca de Iñigo Urkullu.

Es probable que los meteorólogos acierten cuando anuncian un otoño caliente y seco, y  también nosotros al decir que no será ni monótono ni aburrido.