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ESCRITO EN EL AIRE

'Mantener una persona gravemente enferma alejada de su casa es inhumano'

El escritor Juan Ibarrondo reflexiona sobre la política penitenciaria del Gobierno español, sobre todo cuando se trata de presos gravamente enfermos.

  • 2:54 min
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En los últimos tiempos nos han llegado desde el otro lado del pirineo algunas noticias positivas, más allá de la contienda electoral y el auge de la extrema derecha en el país galo.

Me refiero al proceso de desarme de ETA y  a la reciente excarcelación del preso gasteiztarra Oier Gómez.

En ambos casos, las instituciones francesas, y una parte importante de su clase política, han mostrado cierta altura de miras que para sí la quisieran sus homólogos españoles.

No lo digo tanto para elogiar a la parte francesa, que al fin y al cabo sólo ha llevado a cabo actuaciones del más puro sentido común en el tema del desarme;  y de una mínima concepción humanista de la justicia en el de la liberación de un preso gravemente enfermo.

Más bien, lo pongo sobre la mesa para compararla con la impresentable actitud de la Justicia y el Gobierno de España, en lo que respecta al mantenimiento de una política penitenciaria de excepcionalidad en una situación  en la que a todas luces ya no es necesaria.

Es muy  discutible que el Estado pueda o deba vulnerar ciertos derechos fundamentales  en situaciones de riesgo colectivo evidente -o de grave amenaza a la seguridad pública-, pero lo que no es en absoluto de recibo es que lo siga haciendo si esa situación ya no existe. Por lo menos no lo es en un Estado de Derecho homologable.

Negarse a excarcelar a presos gravemente enfermos, con declaraciones tan crueles como decir que sólo justo antes de morir serán acercados a sus casas, no sólo viola la legislación internacional de DDHH: como en el caso del alejamiento, el aislamiento desmedido, o la no concesión de beneficios penitenciarios…,  sino que va contra la línea de flotación de una concepción humanista del Derecho, que evoluciona desde la venganza pura y dura de la ley del talión hasta la idea de la reinserción del penado como objetivo prioritario del sistema penal.

Algunos grandes juristas españoles, como Fray Francisco de Vitoria, fueron pioneros en esa evolución del Derecho, al negar validez, por ejemplo, a las confesiones obtenidas bajo tormento cuando proclama: “Si el juez, no guardando el orden del derecho, obtuviese a fuerza de tormentos la confesión del reo, no podría condenarlo, porque obrando así no es juez”.

Sin embargo, los tormentos siguen impunes, y el mantener una persona gravemente enferma alejada de su casa y sus allegados es sin duda un trato inhumano. Más cuando no hay ningún motivo excepcional para ello.

El gobierno español tiene una buena oportunidad tras el desarme de ETA para avanzar sobre los postulados de Bartolomé de las Casas, o el mismo Francisco de Vitoria, o bien seguir instalado en la tradición de Puerto Hurraco y el ciclo eterno de la venganza.

Liberar a los presos gravemente enfermos puede ser un buen primer paso en la primera dirección.