Admitida a trámite la denuncia contra el FC Barcelona por el caso Negreira

Euskaraz irakurri: Tramitera onartu dute Negreira auziagatik Bartzelonaren aurka aurkeztutako salaketa

El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía contra el FC Barcelona y José María Enríquez Negreira por los pagos millonarios de la entidad azulgrana al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Según el Ministerio Fiscal, estos pagos realizados por el club catalán entre 2001 y 2018, que ascienden a 7,3 millones de euros, podrían ser constitutivos de un delito continuado de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, un delito continuado de administración desleal y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Además del FC Barcelona y Enríquez Negreira, aparecen como denunciados los expresidentes del club catalán Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, el exdirector general de la entidad Óscar Grau y el exdirector de Deportes Profesionales Albert Soler. Asimismo, el auto da por comparecida, como acusación particular en este procedimiento, a La Liga de Fútbol Profesional, y ordena la investigación de los hechos denunciados a la Guardia Civil.

La magistrada Silvia López Mejía también admite a trámite la querella interpuesta por el exárbitro Xavier Estrada Fernández contra Enríquez Negreira y la mercantil Dasnil 95 SL por un presunto delito de corrupción deportiva o fraude deportivo.

Enríquez Negreira, vicepresidente del CTA entre 1993 y 2018, facturó, a través de las sociedades Dasnil 95 SL, Nilsad SCP y Soccercam SL sus servicios al FC Barcelona. Según la entidad azulgrana, esos servicios consistían en informes de árbitros, "scouting" y fútbol base.

En el caso de Soccercam SL, propiedad del hijo de Enríquez Negreira, Javier Enríquez Romero, los servicios que presuntamente prestó al FC Barcelona entre 2016 y 2018 no los facturó directamente al club catalán, sino que lo hizo a través de una tercera empresa propiedad de Josep Contreras, entonces miembro de la Junta Directiva de Josep Maria Bartomeu. Según el auto, eso evitó "que Javier Enríquez Romero fuera contratado directamente por el FC Barcelona, para no relacionar el apellido Enríquez con el club".

La investigación comenzó en julio de 2019

La investigación de estos hechos presuntamente delictivos tienen su origen en julio de 2019. Entonces, la Agencia Tributaria inició una inspección al FC Barcelona por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 y por el Impuesto sobre el Valor Añadido de 2015, 2016 y 2017, por los pagos efectuados en relación a las facturas giradas por las empresas vinculadas a Enríquez Negreira.

En dicha inspección, el fisco requirió al club que identificara "a los profesionales, técnicos o personal auxiliar que desarrollaron esos servicios", y que entregara copia "de los vídeos, documentos o informes en los que se concretaron los trabajos de asesoramiento específico".

Ante la respuesta del FC Barcelona "de que no se había encontrado la documentación requerida", la inspección fiscal consideró no deducible el gasto, de tal manera que las facturas perdieron la presunción de validez.

Según la denuncia de la Fiscalía que recoge el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, la entidad azulgrana, a través de los presidentes Rosell y Bartomeu, "alcanzó y mantuvo un acuerdo, estrictamente confidencial, con José María Enríquez Negreira, a fin de que, en su calidad de vicepresidente del CTA y a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al FC Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club".

Por todo ello, la jueza ve indicios de la existencia de un delito continuado de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, un delito continuado de administración desleal y un delito continuado de falsedad en documento mercantil que deben ser investigados.