Economía -
Confirmación
El Tribunal de la UE sanciona a España por irregularidades en el AVE
En total la sanción asciende a 33,6 millones de euros por irregularidades en los contratos públicos adjudicados para la construcción de nuevas líneas del AVE.
El Tribunal General de la UE ha confirmado este jueves la sanción impuesta por la Comisión Europea (CE) a España por irregularidades en la adjudicación de los contratos para la construcción de nuevas líneas del AVE. Así, España recibirá 33,6 millones de euros menos de la comunidad europea para la construcción del AVE.
En dos sentencias hechas públicas este jueves, la Corte de Luxemburgo rechazó los recursos presentados por Madrid contra dos decisiones de la CE, en 2010 y 2011, que aplicaban una reducción de los fondos de cohesión asignados a España por incumplir la normativa europea de contratación pública en varias infraestructuras ferroviarias.
Las irregularidades se cometieron en varios tramos de la línea de AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa, así como en el subtramo La Gineta-Albacete perteneciente al nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad hacia Levante, indicaron fuentes judiciales.
El caso se remonta a diciembre de 2010, cuando la CE decidió reducir en 2,3 millones de euros la asignación del fondo de cohesión inicialmente acordada a España para financiar la construcción de cuatro fases de proyecto de determinados tramos de las líneas de AVE Madrid-Zaragoza- Barcelona-Frontera francesa y Lérida-Martorell.
En febrero de 2011, la Comisión decidió aplicar otra "corrección financiera" de 31,3 millones sobre las ayudas otorgadas a cinco proyectos de ejecución correspondientes al suministro y montaje de materiales en las mismas líneas, así como en el subtramo La Gineta-Albacete, integrado en el nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad a Levante.
En ambos casos, la CE aplicó una "corrección financiera" al entender que en las fases en cuestión se produjeron irregularidades al aplicar la legislación europea de contratación pública, señalaron las mismas fuentes. Según el Ejecutivo comunitario, la administración española realizó modificaciones de los concursos otorgados y atribuyó los contratos directamente sin publicación previa a las entidades adjudicatarias del concurso inicial.
El Ejecutivo español presentó dos recursos ante el Tribunal General de la UE solicitando la anulación de estas decisiones o la reducción del importe de las sanciones. El Tribunal General ha desestimado todos los argumentos presentados por España, ha rechazado ambos recursos y le ha condenado a pagar las costas del proceso.