Economía -
'Vacaciones fiscales' vascas
Las diputaciones conocerán hoy la multa de las 'vacaciones fiscales'
La Abogacía de la UE dará a conocer su propuesta. No es vinculante, pero el tribunal suele acatarla casi siempre.
Redacción
La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) Eleanor Sharpston se pronunciará este jueves sobre la multa millonaria que deberán afrontar las diputaciones vascas por las "vacaciones fiscales", un régimen de ayudas a empresas de nueva creación en los años 90 que la UE declaró ilegal.
La propuesta de la Abogacía de la UE no tienen carácter vinculante, pero el tribunal suele acatarlo casi siempre.
En principio, esta sanción irá dirigida al Reino de España, aunque previsiblemente tendrán que responder las diputaciones forales.
Las conclusiones generales de Sharpston se publicarán más de cuatro meses después de la última vista sobre el caso, en la que España, en defensa de las instituciones forales, insistió en que no se le impusiera una multa con el argumento de que había recuperado todo el dinero que la CE entendía que se tenía que cobrar, incluso sin estar de acuerdo con la cuantía.
El Ejecutivo comunitario admitió entonces que se había recuperado el grueso de las ayudas y en reconocimiento a ese esfuerzo se mostró dispuesto a dejar caer una de las dos multas que había propuesto en un principio, a condición de que se recobrasen 278.000 euros en intereses de deuda aún pendientes en Álava.
España aseguró tras la vista que la recuperación de esa última cantidad no plantearía problemas dada su limitada magnitud, por lo que podía darse por cancelada la menor de las dos multas que había pedido la CE.
Bruselas insistió, no obstante, en la imposición de la otra multa debido a que ya habían transcurrido 12 años desde que la CE declaró el régimen vasco ilegal y a que España "es el segundo país con más casos por recuperar".
En concreto pidió una "medida disuasoria" contra España que podría superar los 64 millones de euros.
La abogada general podría recomendar imponer una multa del orden de lo que pide la Comisión, superior o inferior, o bien no aplicar sanción económica alguna a España, aunque esta última opción parece menos probable dada la envergadura del caso, que lleva más de una década en litigio.
La decisión final del Tribunal de Justicia podrá demorarse varios meses y no es recurrible.
