Tres navieras deberán pagar 9,6 millones a Bizkaia por cerrar el ferry

La Sala Civil del Tribunal Supremo condena a tres navieras a pagar 9,66 millones de euros a la Diputación Foral de Bizkaia a consecuencia del cierre en noviembre de 2010 de la línea de ferry Bilbao-Portsmouth, ya que la Diputación les había adelantado esa cantidad para reservar 35.707 plazas en esos barcos.

Tanto un Juzgado de lo Mercantil de Bilbao como la Audiencia de Bizkaia habían rechazado la demanda de la Diputación Foral, absolviendo a las navieras, pero el Tribunal Supremo estima el recurso de la Diputación y considera que tiene derecho a que se le reintegre el dinero abonado por las reservas de billete que tuvieron que cancelarse por el cierre de la línea, por lo que condena a las navieras P&O European Ferries Vizcaya S.A, P&O European Ferries Portsmouth Limited y P&O Ferries Holding Limited, al pago de 9,6 millones.

La Audiencia Provincial de Bizkaia desestimó el recurso de apelación interpuesto por la Diputación vizcaína contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao que rechazó la demanda de la Institución foral en la que exigía a la naviera P&O que le reintegrara 9,7 millones de euros, debido a que, tras la eliminación del servicio de ferry que operaba esta compañía entre el Puerto de Bilbao y Portsmouth, no pudo utilizar 35.707 bonos de viaje que había adquirido.

El Juzgado de los Mercantil argumentó, para desestimar la petición de la Diputación, que la naviera no debía pagar a la Institución foral, ya que no había ningún contrato entre ambas y se preguntaba por qué no intentó hacer uso de los bonos de viaje que aseguraba disponer antes de que el ferry, Pride of Bilbao, dejara de funcionar.

El fallo del Mercantil consideraba también probado que el 7 de marzo de 1995 la institución vizcaína compró por un total de 5,7 millones de euros a la naviera P&O, encargada de la explotación del ferry, un total de 46.500 bonos para facilitar el viaje entre Bilbao y Portsmouth (Gran Bretaña) con títulos al portador.

José Luis Bilbao pide una rectificación pública

El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, ha comparecido este lunes, acompañado por los ocho diputados de su consejo y por parte del servicio jurídico, para expresar su satisfacción por la sentencia del Alto Tribunal.

Primero, el diputado general se ha congratulado de que la sentencia haya permitido "quitar el velo" sobre la empresa afectada, ya que la filial de P&O que prestaba el servicio de ferry ya no existe, pero el Tribunal ha establecido la responsabilidad de la casa matriz, la compañía de cruceros británica del mismo nombre.

En un día de "reconocimientos y exigencias", el diputado general ha expresado su reconocimiento a la labor de los que entonces, "en un ejercicio de honestidad personal", apoyaron a la Diputación y establecieron que no había pérdida patrimonial, lo que ahora ha ratificado el Supremo.

También ha tenido recuerdos para la funcionaria jefa de servicio que fue imputada momentáneamente, Esperanza Hernández, y para los miembros de su gabinete jurídico.

En cambio, ha pedido una rectificación pública, aunque ha admitido que "no va a servir para nada", en primer lugar al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, que emitió un informe contrario y elevó al caso al Tribunal de Cuentas del Estado, que finalmente lo desestimó.

También ha pedido rectificaciones al PP de Bizkaia, cuyo portavoz entonces, Carlos Olazabal, habló de "sustracción, de robo de 10 millones", ha comentado hoy Bilbao, y también al portavoz del PSE Iñaki Egaña, que criticó los recursos judiciales y pidió a la Diputación que dejara de "malgastar en recursos judiciales", y a la izquierda abertzale, que denunció pérdida patrimonial.

También ha pedido al diario "El Correo" que rectifique por sus críticas al jefe de los servicios jurídicos forales, José Luis Etxeberría.