Declarada ilegal la "acción de oro" lusa sobre Portugal Telecom

La Justicia europea ha declarado hoy ilegales los derechos especiales que Portugal mantenía sobre la compañía de telefonía Portugal Telecom (PT). Según la sentencia del tribunal, Portugal ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la libre circulación de capitales al mantener en Portugal Telecom derechos especiales en relación con las llamadas ''golden shares''.

El texto explica que "un número considerable de decisiones importantes relativas a PT depende del consentimiento del Estado portugués", lo que constituye una "influencia sobre la gestión de PT que no está justificada por la magnitud de la participación que mantiene (el Gobierno) y que puede disuadir a los operadores de otros estados miembros de efectuar inversiones directas".

La decisión del Tribunal de Justicia de la UE allana el camino al intento de adquisición por parte de Telefónica, que ha ampliado hasta el 16 de julio el plazo para que PT acepte su oferta por 7.150 millones de euros (más de 8.790 millones de dólares), con la esperanza de que los accionistas puedan aprobar la venta en ese plazo tras el fallo del tribunal.

Privilegios derogados

La Comisión Europea (CE) fue la que llevó a Portugal ante la Justicia europea en 2008, tres años después de abrir un expediente al Estado luso por los privilegios que mantiene sobre el antiguo conglomerado de telecomunicaciones estatal.

Entre los privilegios que Bruselas no acepta figuran la potestad de nombrar a la tercera parte de los miembros del consejo de administración, así como el derecho de veto en la elección de los directores y del consejo auditor y otras decisiones corporativas de calado.

Estos fueron los privilegios que el Ejecutivo luso empleó para vetar el pasado 30 de junio la venta de la participación de PT en Vivo, líder de la telefonía móvil en Brasil, por 7.150 millones de euros (que supone casi el valor de PT en Bolsa), pese a haber sido aprobada por el 74% de los accionistas.

Ayer, el presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, aseguró que garantizará la aplicación de la sentencia de la Justicia europea, y la portavoz comunitaria de Mercado Interior y Servicios Financieros, Chantal Hugues, afirmó que la decisión judicial debería ser respetada "inmediatamente".