Economía -

Consejo Asesor del lehendakari

El gasto sociosanitario corre el riesgo de pasar del 8% al 15% del PIB

El Consejo Asesor ha analizado en su tercera reunión el reto demográfico en Euskadi con el horizonte puesto en 2030.

Redacción

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El gasto público relacionado con la sanidad y los servicios sociales en Euskadi corre el riesgo de pasar del 8,4% del Producto Interior Bruto de este año al 15% en 2030.

Éste es uno de los análisis hechos por el Consejo Asesor del lehendakari, Patxi López, para asuntos económicos que, en su tercera reunión desde su constitución a principios de año, ha analizado hoy el reto demográfico en Euskadi con el horizonte puesto en 2030.

Se estima que la población vasca sufrirá como consecuencia de su baja tasa de natalidad un descenso del 0,4% de aquí al año de referencia y que, además, experimentará un progresivo envejecimiento, dado que el grupo de personas entre los 16 y 64 años disminuirá el 11,4% y el de mayores de 64 crecerá el 38,5%.

Esto va a suponer que si este año hay 3,5 personas en edad de trabajar por cada uno de 65 o más años, en el 2030 sólo habrá 2,2 personas.

Sostenibilidad

En la reunión de hoy se han estudiado las consecuencias que tendrá este panorama en la sostenibilidad de las cuentas públicas vascas, especialmente en los gastos relacionados con la dependencia, las prestaciones sanitarias y las pensiones.

En este sentido, se ha advertido del riesgo de que casi se duplique el gasto sociosanitario si no se toman las medidas adecuadas, que, considera el Consejo, ya se han empezado a adoptar como con la estrategia de crónicos que está elaborando el Departamento de Sanidad.

Para hacer frente a este aumento, el Consejo Asesor plantea la necesidad de que en la sociedad se asuman unas responsabilidades individuales para la racionalización del uso de los servicios públicos y la "necesaria contribución a la financiación del sistema".

Copago

En esta línea, el Consejo apunta que "ciertas medidas de copago son un instrumento que se debe considerar en el logro de la sostenibilidad de las cuentas públicas", pero desde el mantenimiento de la equidad.

En materia laboral, plantea atraer inmigración laboral cualificada, articular una política específica de empleo joven y promover un modelo de relaciones laborales basado en la corresponsabilidad, como "soporte fundamental de la competitividad" de las empresas.

También menciona afrontar una reflexión sobre la flexibilidad de la jornada laboral, la puesta en valor del "talento sénior", para extender la vida activa de algunas categorías profesionales.

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